Sentencia N° 206 — Sala Político Administrativa del TSJ, 17 de octubre de 2008

La Sala Constitucional revisó la decisión N° 0409 del 02 de abril de 2008, que había declarado parcialmente con lugar la demanda de indemnización por daños materiales y morales interpuesta por Ángel Nava contra la República. La Sala concluyó que la sentencia original había violado derechos constitucionales al no considerar adecuadamente la responsabilidad del Estado por la privación de libertad del demandante. Se ordenó la anulación de la sentencia y se instruyó a la Sala Político-Administrativa para que dictara un nuevo pronunciamiento conforme a la doctrina establecida en este fallo.

La Sala advierte que en el contexto de las denuncias presentadas y en marco de los principios relativos a la indemnización integral y oportuna de los daños por parte de la Administración, la plena vigencia de tal garantía constitucional, sólo es posible si la misma se vincula necesariamente con una determinación efectiva del daño, su quantum y los medios de indemnización del mismo. Así, la Sala advierte que en el contexto de las denuncias planteadas lo que el hoy solicitante y la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, denominan como “(…) daños materiales reclamados por el demandante producto de los ingresos dejados de percibir como consecuencia de su imposibilidad de acceder al mercado laboral por haber sido ‘condenado a la medida correccional’ (…)”, fueron desestimados por la sentencia objeto de revisión al considerar “(…) que no puede atribuirse per se la accesibilidad a una fuente de trabajo por el hecho de haber sido sometido a una sanción corporal, en este caso, a una medida correccional, ya que en idéntica situación de desempleo se ha encontrado y encuentra actualmente un porcentaje significativo de la población que no ha sido sometida a pena alguna (…)”.

Por decisión Nº 1542 del 17 de octubre de 2008 la Sala Constitucional declaró “ha lugar” la revisión de la decisión Nº 0409 del 02 de abril de 2008 dictada por la Sala Político-Administrativa Accidental, con fundamento en lo siguiente: “(…) la Sala advierte que en el contexto de las denuncias presentadas y en marco de los principios relativos a la indemnización integral y oportuna de los daños por parte de la Administración, la plena vigencia de tal garantía constitucional, sólo es posible si la misma se vincula necesariamente con una determinación efectiva del daño, su quantum y los medios de indemnización del mismo. (…)”.