Sentencia N° 206 Político-Administrativa TSJ 2000: Julio Díaz Rivero, Juan Bernardo Díaz Rivero… vs Ana Luisa Díaz de Orellana

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de la jurisdicción en un juicio de nulidad de un documento de venta de un inmueble, alegando que el vendedor había fallecido antes de la firma del documento. Se determinó que la Dirección General Sectorial de Sucesiones no tiene competencia para conocer del asunto, ya que la acción de nulidad es de derecho común y debe ser decidida por los órganos jurisdiccionales. La Sala declaró que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada por los demandantes contra la demandada.

Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida en el presente juicio es de nulidad de un documento de venta de un inmueble, por el supuesto fallecimiento del vendedor antes de la firma de dicho documento en la Notaría respectiva, lo cual conllevó a que los presuntos causahabientes del vendedor no pudieran presentar la debida declaración fiscal, por cuanto el único bien del fallecido era el inmueble en cuestión. En el presente caso, la Dirección General Sectorial de Sucesiones dependiente del Ministerio de Hacienda, no es un organismo jurisdiccional con competencia para conocer del asunto que se ventila en este juicio, es decir, supuestamente dicha venta contiene “vicios del consentimiento” acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.346, en concordancia con el 1.142 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en los artículos antes mencionados y en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por los ciudadanos JULIO DÍAZ RIVERO, JUAN BERNARDO DÍAZ RIVERO, FELICIA BEATRIZ DÍAZ DE MEJÍAS E ISABEL AGUSTINA DÍAZ DE ZAPATA contra la ciudadana ANA LUISA DÍAZ DE ORELLANA. Se ordena enviar el expediente al Juzgado Superior común del Tribunal a los fines de la decisión con respecto a la regulación de la competencia opuesta por la demandada. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 25 de febrero de 1995. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.