Sentencia N° 2056 Político-Administrativa TSJ 2000: Marlon Eduardo Figueroa Rigual vs Municipio Chacao DEL Estado Miranda

El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Político-Administrativa, se pronunció sobre la regulación de competencia solicitada en un caso de cobro de prestaciones sociales. Se determinó que la competencia para conocer del conflicto planteado corresponde a la Sala Social, dado que la reclamación tiene carácter laboral. La Sala declina así su competencia en favor de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia.

Para resolver la regulación de competencia solicitada debe la Sala atender a lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil el cual dispone: “La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior.” Observa la Sala, que en el artículo antes transcrito no se precisa cuál de las Salas de este Supremo Tribunal es la llamada a dirimir el conflicto de competencia suscitado, por lo que es preciso determinar, en orden a la normativa vigente a cuál le corresponde decidir. Al efecto el numeral 21 del artículo 42 en concordancia con el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, determina como competencia de la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal: “Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico.” Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en su artículo 262 la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Asimismo otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Supremo Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de esta Sala del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 262 lo siguiente: “El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por ley orgánica. La Sala Social comprenderá lo referente a la casación agraria, laboral y de menores”. (negrilla de la Sala) En el caso de autos el demandante introdujo una demanda por cobro de prestaciones sociales, asunto que reviste carácter afín con las competencias atribuidas a la Sala Social, por tratarse de una reclamación en materia laboral, por tanto resulta forzoso para esta Sala declinar la competencia para la regulación pertinente en la Sala Social de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA, para conocer del conflicto de competencia planteado, en la Sala Social de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.