Sentencia N° 2040 Político-Administrativa TSJ 2001: Arlindo Rafael Garces de Freitas vs Lenin Marcano Monteverde

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia en una acción de amparo constitucional presentada por Arlindo Rafael Garces de Freitas contra el Alcalde del Municipio Vargas. La Sala determinó que, dado que la acción se interpone contra un acto administrativo de una autoridad municipal, corresponde a un Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo conocer del asunto. En consecuencia, la Sala declina su competencia y remite el expediente al Tribunal Superior correspondiente.

Para decidir, la Sala observa: El 15 de diciembre de 1999, fue aprobada por referéndum la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dicho texto fundamental dispone, expresamente, en su artículo 262, la creación del Tribunal Supremo de Justicia, así como de las distintas Salas que lo integran. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado en todos sus poderes, debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia; así, aun cuando no exista hasta el presente la ley orgánica reguladora de sus funciones, las distintas Salas se encuentran con la necesidad y el deber de conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo principalmente al criterio de la afinidad que exista entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Así, la Sala Constitucional por sentencia N° 01 de fecha 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, interpretó los criterios atributivos de competencia contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la luz de la nueva Constitución y en tal sentido señaló: “...3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta”. Por su parte, establece el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia: “Mientras se dicta la Ley que organice la jurisdicción contencioso-administrativa, los Tribunales Superiores que tengan atribuida competencia en lo Civil, conocerán, en primera instancia en sus respectivas circunscripciones, de las acciones o recursos de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, si son impugnados por razones de ilegalidad. Cuando la acción o el recurso se funde en razones de inconstitucionalidad, el Tribunal declinará su competencia en la Corte Suprema de Justicia (...)” Así, al encontrarnos en presencia de una acción de amparo incoada contra un acto administrativo dictado por autoridades municipales, corresponde a un Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, por ser el Tribunal que conoce en Primera Instancia en materia Contencioso Administrativa, el conocimiento y decisión del asunto planteado y así se decide.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLINA LA COMPETENCIA para conocer el presente asunto en los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, encargado de la distribución. Cúmplase lo ordenado.