Sentencia N° 2040 Político-Administrativa TSJ 2000: Diversiones Dinotropolis C.A. vs Direccion de Rentas Municipales de la…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre la apelación interpuesta por el abogado Antonio Bello Lozano Marquez, en representación del Alcalde del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, contra una sentencia del Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario. La Sala, tras analizar la situación y la normativa aplicable, decide declinar la competencia para conocer y decidir la acción en favor de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La decisión se fundamenta en la necesidad de mantener el funcionamiento integral del Estado y en la estructura establecida por la nueva Constitución.

El 15 de diciembre de 1999 fue aprobada, mediante referendo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho Texto Fundamental prevé en su artículo 262 la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Asimismo, la vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (vid decisión de la S.P.A. del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional, y, por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido.

Declina la competencia para conocer y decidir la presente acción en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.