Sentencia N° 203 Político-Administrativa TSJ 2000: Fundación para el Desarrollo del Estado… vs María Luisa Torres

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un juicio por resolución de contrato de arrendamiento. La Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua demandó a María Luisa Torres por incumplimiento de pago de cánones de arrendamiento. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre la acción intentada, confirmando la decisión impugnada del tribunal inferior que había declarado sin lugar la falta de jurisdicción alegada por la demandada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento sobre un local comercial, por lo cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.167 del Código Civil, su conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la “Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (FUDARAGUA)” contra la ciudadana María Luisa Torres. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 21 de diciembre de 1998. A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa a la ciudadana María Luisa Torres, titular de la cédula de identidad número 3.841.310, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Aragua, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Raúl Rincón Cabrera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 4.413, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.