Sentencia N° 2024 Político-Administrativa TSJ 2001: Esteban Alpidio Brizuela García vs Corte Primera de lo Contencioso…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por Esteban Alpidio Brizuela García, quien solicitó amparo constitucional contra un acto administrativo de destitución. La Sala consideró que la destitución fue el resultado de un procedimiento disciplinario que respetó el derecho a la defensa del recurrente, desestimando las alegaciones de violación a sus derechos constitucionales. Finalmente, se declaró sin lugar la apelación y se confirmó la decisión apelada.

1.- Previa a cualquier otra consideración y vista la decisión de fecha 27 de abril de 2000, emitida por la Sala Constitucional de este Alta Tribunal, debe la Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente apelación; así, la Sala Constitucional declinó la competencia para conocer la apelación interpuesta en esta Sala, basándose en lo dispuesto en su sentencia de fecha 14 de marzo de 2000, la cual señaló lo siguiente: '(...) Cuando, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la pretensión de amparo se formula, por vía cautelar, ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a titulo de tribunal competente, conjuntamente con la pretensión contencioso administrativa de anulación, el conocimiento de las consultas y apelaciones que se ejerzan contra la correspondiente sentencia de amparo, así como el conocimiento de los recursos que se intenten contra la sentencia definitiva, contra las interlocutorias con fuerzas de definitivas, que se pronuncien sobre la pretensión anulatoria, serán competencia de la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.(...)' Siguiendo el criterio antes expuesto, esta Sala Político-Administrativa acepta la competencia que le fuera declinada por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal para conocer la presente apelación. Así se declara. 2.- Dilucidado lo relativo a la competencia, observa la Sala en la oportunidad de pronunciarse en torno a la apelación interpuesta, que los vicios de procedimientos denunciados por el actor en su escrito de formalización (la llegada del expediente al órgano sancionatorio después de producida la destitución del demandante, el carácter y la no comparencia de los testigos así como la valoración de pruebas presentadas por el actor), si bien complementan el alegato inicial respecto a la violación del derecho a la defensa, no dejan de ser nuevos hechos que pretenden ser traídos al proceso, pues no se hizo ninguna mención de ellos en el libelo de demanda. Ahora bien, la apelación es un recurso ordinario conforme al cual las partes plantean ante el juez superior su desacuerdo con todo o parte de un fallo, por estimar que les causa un gravamen, constituyendo la materia del recurso, los mismos asuntos sometidos al conocimiento del juez inferior. Resulta entonces imposible para la Sala, emitir pronunciamiento alguno con relación a los alegados vicios en el procedimiento administrativo a que alude el escrito de formalización del recurrente, pues se reitera, sólo procede efectuar la revisión de la sentencia apelada, con base a los hechos alegatos y existentes hasta ese momento en autos. Así la Sala en diversas oportunidades lo ha establecido, como por ejemplo, en decisión de fecha 08 de mayo de 1991, caso: Ganadería El Cantón, C.A., al conocer una apelación de amparo: '(...) comparte esta Sala, el criterio de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo tanto de que la solicitud de amparo constituye el documento que determina el alcance procesal de las pretensiones del actor como el de que no se puede permitir que, en la medida en que avance el procedimiento, se puedan ir añadiendo sucesivamente nuevas denuncias lo cual lesionaría no sólo el principio de igualdad entre las partes, sino que también vulneraría, al obstaculizarlo, el derecho a la defensa del legitimado pasivo (...)'. A todo evento, advierte la Sala, los nuevos argumentos del recurrente se refieren básicamente a valoración de pruebas, lo cual resulta ajeno al análisis de las violaciones constitucionales propias del procedimiento cautelar de amparo, refiriéndose más bien a violaciones de índole legal que podrían traer como consecuencia la nulidad del acto recurrido.

Por las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano ESTEBAN ALPIDIO BRIZUELA GARCÍA, contra la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de fecha 08 de julio de 1998. En consecuencia de lo expuesto se confirma la decisión apelada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el presente expediente al a quo. Cúmplase lo ordenado.