Sentencia N° 2021 Político-Administrativa TSJ 2000: Hector Jose Borges Figueredo vs Petroleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa)

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia para conocer de la demanda presentada por HECTOR JOSE BORGES FIGUEREDO contra PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA) por daños y perjuicios. Se establece que la demanda cumple con los requisitos de competencia, dado que la cuantía excede los cinco millones de bolívares y la parte demandada es una empresa del Estado. La Sala ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación para continuar con el proceso.

El artículo 42, numeral 15º, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece: “Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: ...omissis... 15º: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad.” De la norma transcrita, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, se infiere que para que esta Sala Político Administrativa pueda conocer de las acciones que se interpongan contra alguna empresa del Estado, es necesario que: El Estado tenga participación decisiva en dicha empresa; Su cuantía exceda de cinco millones de bolívares; y Su conocimiento no esté atribuido a ninguna otra autoridad. Ahora bien, en el caso de autos se observa que: a) La parte demandada es la sociedad mercantil PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA) la cual, según se constata de su acta constitutiva, es una empresa del Estado venezolano, creada mediante Decreto Nº 1.123, de fecha 30 de agosto de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.770, Extraordinaria de la misma fecha, por cuanto en su cláusula quinta consagra que su capital social está representado por cien (100) acciones nominativas a favor de la República. b) Los daños y perjuicios demandados se estimaron en la cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS BOLIVARES CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 13.305.520.836,79), por lo que evidentemente excede del mínimo exigido; y c) La competencia no ha sido atribuida a ninguna otra autoridad. Por lo tanto, visto que el asunto bajo análisis reúne los extremos de los supuestos previstos en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, esta Sala debe declarase competente para conocer del presente caso. Así se decide.

Con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en decisión de fecha 8 de marzo de 2000. SEGUNDO: ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y, si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes. TERCERO: ORDENA remitir con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.