Sentencia N° 202 Político-Administrativa TSJ 2000: Inmobiliaria Rogy, C.A. vs Beatriz Movilla — Regulación de jurisdicción en…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada por la sociedad mercantil 'Inmobiliaria Rogy, C.A.' contra Beatriz Movilla. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada por la demandante, confirmando así la decisión del tribunal de origen que había declarado sin lugar la falta de jurisdicción alegada por la demandada. Además, se impuso una multa a la demandada por la presentación de una regulación de jurisdicción manifiestamente infundada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de contrato, por la supuesta falta de pago de los cánones de arrendamiento, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por 'Inmobiliaria Rogy, C.A.' contra Beatriz Movilla. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 26 de noviembre de 1998. A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa a la ciudadana Beatriz Movilla, titular de la cédula de identidad número 736, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Alejandro Mata Benítez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 13.471, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.