Sentencia N° 2011 Político-Administrativa TSJ 2000: Angel Domingo Utrera vs República Bolivariana de Venezuela

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer un recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano Angel Domingo Utrera contra una decisión del Tribunal de Carrera Administrativa. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado su incompetencia, remitiendo el caso a esta Sala. La Sala aceptó la competencia y revocó la sentencia de fecha 23 de abril de 1993, ordenando la reposición de la causa al estado de dictarse sentencia.

Visto el presente caso en el que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala el presente expediente, por considerar que se trata de un recurso de nulidad sometido al contencioso administrativo general, contra un acto emanado de un Ministro; la competencia para conocer del presente asunto corresponde a esta Sala Político-Administrativa, a tenor de lo establecido en el numeral 10 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en concordancia con el artículo 43 eiusdem. Así se declara. Una vez establecida la competencia de la Sala para conocer el caso de autos, la misma, estima necesario pronunciarse respecto al procedimiento seguido en el Tribunal de la Carrera Administrativa y la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y a tales efectos debe observar los principios contenidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a los cuales: (...) “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”; principios que en el caso de autos obligan a asegurar a las partes la ausencia de reposiciones inútiles que generen dilación en el proceso. En este sentido, si el procedimiento se ha realizado de forma tal que las partes han podido ejercer plenamente su derecho a la defensa, tanto en lo que respecta a sus alegatos, como a la posibilidad de aportar todas las pruebas permitidas para la sustentación de dichos alegatos y, posteriormente, la oportunidad para que tuviese lugar el acto de informes, no sería lógico reponer la causa al estado de admisión, pues se estarían violando los principios constitucionales y fundamentales del proceso, así como causando perjuicios a las partes con la anulación de todo lo actuado en el expediente. Por lo tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal que rige nuestro proceso, visto que en el caso de autos el procedimiento se ha realizado sin violar el derecho a la defensa de las partes, resulta inútil reponer la causa al estado de la admisión, por ello se ordena la reposición de la causa al estado de dictarse sentencia; en consecuencia, se revoca la sentencia de fecha 23 de abril de 1993, dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa. Así se declara.

1.- ACEPTA la competencia que le fuera declinada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de conocer el caso planteado. 2.- REVOCA la sentencia de fecha 23 de abril de 1993, dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa. 3.- ACUERDA reponer la causa al estado de dictarse sentencia. 4.- ORDENA la designación de ponente, a los fines de decidir la presente causa, fijándose un término de veinte (20) días de despacho para la relación de la causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 5.- ORDENA la notificación de las partes, y determina que el plazo establecido en el dispositivo anterior, comenzará a correr a partir de la constancia en autos de la última de las notificaciones ordenadas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.