Sentencia N° 2010 Político-Administrativa TSJ 2000: Hugo Mijares Flores, Katrin Henao Villán y… vs FUNCIONARIOS DE LA GUARDIA…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia en una acción de amparo autónomo interpuesta por abogados en representación de la firma Aduanera Rubimar. La Sala, tras analizar los antecedentes del caso y la normativa aplicable, determinó que no aceptaba la competencia atribuida por la Sala de Casación Civil y declinó la competencia para conocer y decidir el presente conflicto a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Para que un tribunal pueda dictar decisión de mérito o de fondo debe contar con los antecedentes o requisitos necesarios para la existencia de un proceso válido. La competencia es uno de esos requisitos o condiciones necesarias para que cualquier proceso sea considerado válido, es por esta razón que debe la Sala tomar en cuenta, además del carácter de orden público que ésta tiene, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada mediante referendo el 15 de diciembre de 1999, prevé en su artículo 262 la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Dicho texto fundamental consagra en sus disposiciones el otorgamiento de ciertas competencias a sus distintas Salas, y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de la S.P.A. del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional, y por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido.

1.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere atribuida por la Sala de Casación Civil, en fecha 15 de abril de 1998. 2.- DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir el presente conflicto de competencia en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.