Sentencia N° 201 Político-Administrativa TSJ 2000: Inversiones Ibepro, S.R.L. vs José Luis García — Regulación de jurisdicción en…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada por la sociedad mercantil 'Inversiones Ibepro, S.R.L.' contra José Luis García, en el contexto de un juicio por resolución de contrato de arrendamiento. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre la acción intentada, confirmando así la decisión impugnada del tribunal inferior que había declarado sin lugar la falta de jurisdicción alegada por el demandado. La Sala fundamentó su decisión en la jurisprudencia establecida, indicando que corresponde a los tribunales de justicia el conocimiento de acciones por resolución de contrato, independientemente de su naturaleza. Se destacó que la acción ejercida era de resolución de un contrato de arrendamiento por falta de pago, lo que implica que su conocimiento corresponde a los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Finalmente, se impuso una multa al demandado por la regulación de jurisdicción considerada infundada y se ordenó remitir copia del fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados para evaluar la conducta del abogado del demandado.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento sobre un local comercial, por la supuesta falta de pago de los cánones de arrendamiento, por lo cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.167 del Código Civil, su conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la sociedad mercantil “Inversiones Ibepro, S.R.L.” contra el ciudadano José Luis García. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 14 de octubre de 1998. A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa al ciudadano José Luis García, titular de la cédula de identidad número 6.970.912, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de la abogada Yamelly Rodríguez Alvarez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 41.200, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.