Sentencia N° 2003 Político-Administrativa TSJ 2000: Emilio Rafael Tineo vs Industria Venezolana de Aluminio C.A.…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la perención de la instancia en un juicio por indemnización de daños y perjuicios. Se constató que la causa había estado paralizada desde el 12 de abril de 1994 hasta el 16 de enero de 1996, momento en el cual se solicitó la declaración de perención. La Sala, al examinar las actas procesales, determinó que había operado de pleno derecho la perención de la instancia, por lo que se declaró extinguida la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Tribunal Supremo sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte. Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa ha estuvo paralizada desde el 12 de abril de 1994, fecha en la cual el alguacil dejó constancia de la notificación practicada al Procurador General de la República, hasta el 16 de enero de 1996, fecha en la cual la abogada Sibeles del Nogal, antes identificada, solicitó se declarase la perención de la instancia; por tanto resulta forzoso para la Sala declarar que ha operado de pleno derecho la perención de la instancia. Así se declara.

Conforme a lo expuesto, y vista la solicitud esbozada por la apoderada judicial de la demandada mediante diligencia del 16 de enero de 1996, ratificada la misma en diversas oportunidades, resulta evidente que habiendo transcurrido el lapso previsto en el indicado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y en consecuencia, se ha EXTINGUIDO LA INSTANCIA en el presente proceso, lo cual declara esta Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.