Sentencia N° 2000 Político-Administrativa TSJ 2001: Municipio Valdéz DEL Estado Sucre vs Servicios Q.J.M., C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una solicitud de avocamiento presentada por el abogado Cesáreo José Espinal Vásquez, en representación de la sociedad mercantil Servicios Q.J.M., C.A., en un juicio por incumplimiento de contrato contra el Municipio Valdéz del Estado Sucre. La solicitud se fundamentó en la irregularidad procesal de admitir una reforma de la demanda después de haberse dado contestación y reconvención, alegando que esto generó indefensión para su representada. La Sala, tras analizar los fundamentos de la solicitud, determinó que la irregularidad procesal alegada no era suficiente para justificar el avocamiento, ya que existen mecanismos procesales para resolver tales situaciones. Se reiteró que el avocamiento es un mecanismo extraordinario que solo se justifica en casos donde se evidencie un interés colectivo o una situación excepcional que lo amerite. Finalmente, la Sala declaró improcedente la solicitud de avocamiento, negando la petición del abogado y ordenando el archivo del expediente.

El avocamiento constituye una institución jurídica de naturaleza excepcional, mediante la cual, de conformidad con lo previsto en el numeral 29 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la Sala, de juzgarlo pertinente, puede solicitar algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, con respecto a esta facultad de avocación que se le concede a la Sala Político-Administrativa, tanto la extinta Corte Suprema de Justicia como este Supremo Tribunal, han elaborado una doctrina de la cual se desprenden algunos principios rectores indispensables para impedir el uso indiscriminado de este especial mecanismo procesal, que podría llegar a perturbar injustificadamente la competencia natural del juez, originariamente investido de ella por el legislador. Así, se ha establecido que para la Sala asumir el conocimiento y decisión de una causa que cursa ante otro tribunal, en la misma debe existir un manifiesto interés colectivo, afectado por una situación excepcional; o que en el juicio cuyo avocamiento se solicita, se evidencie un desorden de tal magnitud que exija su intervención; o que sea indispensable tal medida para evitar flagrantes injusticias o denegación de justicia. Sobre la base de estos parámetros, corresponde a la Sala analizar, en cada caso concreto, si se justifica la utilización de este mecanismo extraordinario. A tal efecto, respecto de la solicitud de autos, se observa: La solicitud formulada por el abogado Cesáreo José Espinal Vásquez, arriba identificado, se sustenta, por una parte, en la competencia de esta Sala para conocer, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades. En efecto, sostiene el solicitante que al intentarse la reconvención, resultando entonces demandado el Municipio y versar la causa sobre el cumplimiento de un contrato administrativo, debe esta Sala, en atención a la norma citada, conocer de la presente causa. Al respecto, observa este Alto Tribunal que la virtual incompetencia del tribunal que conoce de la causa señalada, no constituye por sí sola, una irregularidad que justifique acudir a la figura invocada, más aún cuando la ley prevé mecanismos para resolver eficazmente asuntos de esa naturaleza; en todo caso, el supuesto alegado por el solicitante, que sustraería el conocimiento del Tribunal de la causa, nunca llegaría a configurarse, puesto que establece el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil: “El Juez, a solicitud de parte y aún de oficio, declarará inadmisible la reconvención si ésta versare sobre cuestiones para cuyo conocimiento carezca de competencia por la materia, o que deben ventilarse por un procedimiento incompatible con el ordinario. (Negrillas de la Sala.) Asimismo afirma el peticionante que en el asunto que se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y del Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Carúpano, Estado Sucre, se produjo una irregularidad procesal al admitir la reforma de la demanda después de que se dio contestación a la misma y se reconvino a la demandante, en contravención de lo pautado en el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a tal alegato advierte la Sala, que si bien es cierto que el haber admitido la reforma de la demanda después de haberse producido la contestación y la reconvención, constituye una irregularidad procesal, no es menos cierto que la misma no tiene magnitud para sostener que atenta contra el interés colectivo, requiriendo la puesta en marcha de la especialísima y excepcional institución del avocamiento; menos aún, cuando la ley prevé mecanismos procesales idóneos para resolver este tipo de asuntos. Reitera la Sala entonces, una vez más, que el avocamiento como mecanismo extraordinario sólo se justifica en aquellos casos en que se configuren los supuestos que han sido delineados por la elaboración jurisprudencial de este Alto Tribunal, los cuales no se encuentran presentes en la petición de autos. Por tal razón, la solicitud formulada por el abogado Cesáreo José Espinal Vásquez resulta improcedente. Así se declara.

Consecuente con lo anteriormente expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA, POR IMPROCEDENTE, la solicitud de avocamiento de esta Sala a la causa señalada por el abogado Cesáreo José Espinal Vásquez. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.