Sentencia N° 2000 Político-Administrativa TSJ 2000: Lourdes Silveira de Sain vs Municipalidad DEL Distrito Sotillo DEL Estado…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia en un caso de amparo constitucional interpuesto por Lourdes Silveira de Sain contra la Municipalidad del Distrito Sotillo del Estado Anzoátegui. La Sala decidió no aceptar la competencia que le fue declinada, argumentando que el caso tiene afinidad con las competencias de los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo. Se ordenó la remisión del expediente a dicho juzgado para su conocimiento y decisión.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en su artículo 262 la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Asimismo otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Supremo Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de esta Sala del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional, y por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido.

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACEPTA la competencia que le fuera declinada para conocer y decidir la presente causa, y DECLARA competente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, a cuya sede se ordena la remisión inmediata del expediente. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.