Sentencia N° 1998 Político-Administrativa TSJ 2001: Caja de Ahorros y Prestamos de LOS Jueces de… vs Ministerio de Hacienda

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de nulidad interpuesto por la asociación civil CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE LOS JUECES DE VENEZUELA contra una resolución del Ministerio de Hacienda. Se determinó que la causa había estado paralizada por más de un año, lo que llevó a la Sala a declarar la perención de la instancia de oficio, conforme al artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue firmada por el Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quien actuó como ponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Tribunal Supremo sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte. Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa ha estado paralizada desde el 30 de noviembre de 1999, fecha en la cual la abogada María Alejandra Vásquez García, en su carácter de representante de la Procuraduría General de la República, solicitó que fuese declarada sin lugar la petición de suspensión de los efectos del acto recurrido, hasta el 13 de febrero de 2001, fecha en la cual la parte recurrente solicitó que se dictase sentencia; por tanto resulta forzoso para la Sala declarar que ha operado de pleno derecho la perención de la instancia. Así se declara.

Conforme a lo expuesto resulta evidente que habiendo transcurrido el lapso previsto en el indicado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y en consecuencia, se ha EXTINGUIDO LA INSTANCIA en el presente procedimiento, lo cual declara esta Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.