Sentencia N° 1997 Político-Administrativa TSJ 2001: FORTUNATO GONZÁLEZ, DALIA TREJO de BARROETA y… vs Contralor General de la…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre un recurso contencioso-administrativo interpuesto por los ciudadanos Fortunato González, Dalia Trejo de Barroeta y Trina Ramos Ojeda, quienes impugnaron un acto administrativo del Contralor General de la República que declaró su responsabilidad administrativa. La Sala examinó los argumentos de los recurrentes y de la Contraloría, concluyendo que los funcionarios habían incurrido en irregularidades al utilizar fondos públicos para fines distintos a los previstos por la ley, específicamente en el manejo de partidas presupuestarias.

Efectuada la lectura del expediente y examinados los alegatos formulados por la parte recurrente así como por el órgano emisor del acto, pasa esta Sala a decidir el recurso contencioso-administrativo de anulación ejercido contra el acto administrativo, en virtud del cual se resolvió declarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios accionantes, pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida. A tal fin, observa: 1.- Argumentan los apoderados judiciales de los recurrentes, que la Contraloría General de la República dictó el acto excediéndose en el ejercicio de sus funciones, pues según señalan, en ningún momento se le faculta a ese órgano para examinar las circunstancias antes anotadas, así como la verificación del cumplimiento de los artículos 56 y 159 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Sobre ese punto, es conveniente destacar, en primer lugar, que la Contraloría General de la República se configura como el máximo ente controlador de la gestión administrativa desempeñada por los órganos de la Administración Pública central y descentralizada. Tal es su nivel que el artículo 60 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, dispone: “El control fiscal en los órganos de los Estados y Municipios, incluidos los entes descentralizados en que éstos tengan participación, corresponde a las contralorías estadales y municipales, sin perjuicio de que la Contraloría General de la República pueda ejercer sobre tales administraciones las funciones de inspección y de fiscalización, así como las potestades de investigación y sanción previstas en esta Ley. Estas mismas facultades de control podrá ejercerlas en las Contralorías estadales y municipales, en los territorios federales y en el Distrito Federal”. (negritas de la Sala). Al mismo tiempo, el artículo 1 de la ley que rige sus funciones dispone que la Contraloría General de la República tiene a su cargo el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, entre los cuales se inserta la gestión administrativa desarrollada por los funcionarios Fortunato González, Trina Ramos Ojeda y Dalia Margarita Trejo, en su condición de Alcalde, Contralora Municipal y Directora de Hacienda Pública Municipal del Municipio Libertador del Estado Mérida.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA: 1.- SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de anulación ejercido por los ciudadanos FORTUNATO GONZÁLEZ, DALIA TREJO de BARROETA y TRINA RAMOS OJEDA, contra el acto administrativo de fecha 21 de noviembre de 1997, dictado por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por el cual se confirmó la responsabilidad administrativa de los prenombrados funcionarios. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.