Sentencia N° 199 Político-Administrativa TSJ 2000: Adriana Alvarez Anton vs Tomás Gutiérrez Rodríguez — Regulación de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un caso de resolución de contrato de arrendamiento. La ciudadana Adriana Alvarez Anton demandó al ciudadano Tomás Gutiérrez Rodríguez, alegando falta de pago de cánones de arrendamiento. El Tribunal declaró que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada, confirmando la decisión impugnada del tribunal inferior que había declarado sin lugar la falta de jurisdicción. Además, se impuso una multa al demandado por la regulación de jurisdicción infundada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento, por la supuesta falta de pago de los cánones de arrendamiento estipulados en el mismo, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por la ciudadana ADRIANA ALVAREZ ANTON contra el ciudadano TOMAS GUTIERREZ RODRIGUEZ, antes identificados. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 23 de noviembre de 1998. A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa al ciudadano TOMAS GUTIERREZ RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº E-967.616, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa.