Sentencia N° 1980 Político-Administrativa TSJ 2001: Asociación Civil CAMARA DE INDUSTRIALES… vs Banco Central de Venezuela

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Asociación Civil CAMARA DE INDUSTRIALES MEDIANOS, PEQUEÑOS y ARTESANOS DEL ESTADO ANZOATEGUI contra una resolución del Banco Central de Venezuela. El demandante solicitó la nulidad de la resolución por considerar que el Banco había incurrido en incompetencia al delegar su facultad de fijar tasas de interés. Posteriormente, el demandante desistió del procedimiento de nulidad, lo cual fue homologado por la Sala.

Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la declinatoria de competencia planteada se observa: El ordinal 9° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, dispone que corresponderá al Máximo Tribunal de la República: Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de ilegalidad, de los actos generales de los órganos unipersonales o colegiados del Poder Público, salvo en los casos previstos en las disposiciones transitorias de esta Ley. Por su parte el artículo 43 de la mencionada Ley Orgánica, prevé: La Corte conocerá en Pleno de los asuntos a que se refiere el artículo anterior en sus ordinales 1° al 8°. En Sala de Casación Civil, hasta tanto el Congreso decida la creación de nuevas Salas, de los enumerados en los ordinales 33, 20 y 21, si estos últimos correspondieren a la jurisdicción civil, mercantil del trabajo o de alguna otra especial; de igual manera conocerá de los asuntos a que se refiere el ordinal 34. En Sala de Casación Penal, de los señalados en los ordinales 30 al 32 y en los ordinales 20, 21 y 34, cuando estos últimos correspondan a la jurisdicción penal. En Sala Político-Administrativa, de los mencionados en los restantes ordinales del mismo artículo y de cualquier otro que sea de la competencia de la Corte, si no está atribuido a alguna de las otras Salas. Así pues, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente evidenció la Sala que la naturaleza del acto recurrido es la de un acto administrativo de efectos generales, toda vez que está dirigido a un grupo indeterminado de personas, es decir, a todos aquéllos que realicen operaciones comerciales con las entidades bancarias, instituciones financieras y entidades de ahorro y préstamo, regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones de Financieras, la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, la Ley de Refinanciamiento de la Deuda del Sector Agrícola y por leyes especiales.

1.- ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA que le fuera efectuada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, en decisión de fecha 11 de mayo de 2001, mediante la cual declaró su incompetencia para conocer del presente recurso contencioso administrativo de anulación contra los ordinales 1º, 2º, 3º y 4º de la Resolución Nº 97-07-02, dictada en fecha 31 de julio de 1997 y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.264 de fecha 7 de agosto de 1997, emitida por el DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. 2.- Se HOMOLOGA el desistimiento del procedimiento de nulidad planteado por la parte recurrente.