Sentencia N° 1967 Político-Administrativa TSJ 2001: Militza Concepción López vs Yamahiriya Árabe Popular Socialista

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción de los tribunales venezolanos en un caso laboral donde la demandante, MILITZA CONCEPCIÓN LÓPEZ, solicitó la calificación de despido y reenganche contra la nación libia. El tribunal de instancia había declarado la falta de jurisdicción, argumentando la inmunidad de jurisdicción de los diplomáticos. Sin embargo, la Sala concluyó que el Poder Judicial de Venezuela sí tiene jurisdicción para conocer del juicio, dado que la demanda fue interpuesta contra el Estado libio y no contra un agente diplomático específico.

El tribunal a quo sustentó su decisión de falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de la demanda interpuesta por la ciudadana MILITZA CONCEPCIÓN LÓPEZ, en sentencia Nº 677, de fecha 17 de octubre de 1996, de la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, caso: María Elena Albornoz vs. Embajador de España. Ahora bien, se advierte que en el caso aludido, se trataba de una demanda por cobro de prestaciones sociales intentada contra el Jefe de la Misión Diplomática española. Al respecto, observa la Sala: El derecho internacional confiere a los diplomáticos inmunidad de jurisdicción por parte del Estado que los recibe. El fundamento de este principio de Derecho Internacional Público, reconocido universalmente mucho antes de su efectiva codificación, ha variado en el tiempo. Así, en la Edad Media, según la teoría representativa, al embajador se le consideraba como el representante del soberano extranjero. De allí que someterlo a juicio era tanto como someter a juicio al propio soberano extranjero. Conforme a la teoría funcional, contemporánea, el diplomático no debe ser interferido por las autoridades locales, a fin de que pueda desempeñar sus deberes con libertad. En cuanto a la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, se establece en el preámbulo que el propósito de dichos privilegios diplomáticos no es beneficiar a los individuos sino asegurar el cumplimiento eficiente de las funciones de las misiones diplomáticas. En la decisión invocada por el tribunal remitente, cuyo contenido ha sido ratificado por esta Sala en sentencias números 1.529 y 1.596, de fechas 29 de junio de 2000 y 06 de julio de 2000, casos: Chaker El-Kathib vs. Embajada de Iraq y Bruno García Santos Fernando vs. Embajada de Perú, respectivamente, la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, reconoció, con base en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, inmunidad de jurisdicción, a los agentes diplomáticos, concepto que comprende, en primer término al Jefe de Misión o Embajador. En efecto, de conformidad con el artículo 31 de la citada convención, dichos sujetos están exentos de jurisdicción penal, civil o administrativa, a menos que se trate de los siguientes supuestos: a) de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b) de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; y c) de una acción referente a cualquier profesión liberal o actividad comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial de Venezuela SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer del juicio intentado por la ciudadana MILITZA CONCEPCIÓN LÓPEZ contra Yamahiriya Árabe Popular Socialista (conocida como Libia). En consecuencia, se revoca la decisión del 09 de enero de 2001, dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial Área Metropolitana de Caracas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen para que siga su curso de ley.