Sentencia N° 1949 — Sala Político Administrativa del TSJ, 10 de diciembre de 2003

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre el recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana Aura Grisanti Brandt, quien fue suspendida de su cargo como Juez Quinto de Municipio Ejecutor de Medidas. La actora alegó violaciones a su derecho a la defensa y al debido proceso, así como inmotivación del acto administrativo que la sancionó. Sin embargo, la Sala determinó que la actora fue debidamente notificada y tuvo acceso a los procedimientos, desestimando sus alegaciones.

Pasa la Sala a decidir el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la decisión de fecha 02 de julio de 2002, emanada de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, mediante la cual se suspendió a la actora del ejercicio del cargo de Juez Quinto de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sin goce de sueldo por un lapso de tres (3) meses. Alega la actora que el acto impugnado vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso, que es inmotivado, que se basa en falsos supuestos y que al dictarlo la Comisión se extralimitó en sus funciones. Al respecto, observa la Sala: 1.- Alega la actora que se le vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa, pues la Inspectoría General de Tribunales no recabó las pruebas suficientes que le demostrasen a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, cómo sucedieron los hechos en realidad y que la Comisión en el acto impugnado no analizó cada una de las defensas aportadas por ella; agrega además que en el acto en cuestión no se expresaron los recursos que le asistían para impugnar la decisión de la Comisión y los términos para ejercerlos. En cuanto a los derechos denunciados como violados, la Sala ha venido manteniendo en criterio pacífico que los mismos implican el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular, presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, más aún si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio; el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen; el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, y finalmente el derecho a recibir oportuna respuesta a sus solicitudes.

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana AURA GRISANTI BRANDT de PITA, asistida por el abogado Pedro Pablo Calvani, contra el acto administrativo de fecha 02 de julio de 2002, emanado de la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL, mediante el cual suspendió a la actora del ejercicio del cargo de Juez Quinto de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas sin goce de sueldo por un lapso de tres (3) meses. Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a las partes. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.