Sentencia N° 1949 Político-Administrativa TSJ 2000: Beatriz Valbuena de Navas vs P.D.V.S.A. PETROLEO Y GAS, S.A. y/o LAGOVEN…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda presentada por Beatriz Valbuena de Navas, en su carácter de Administradora General de la sociedad mercantil Lanchas Glimar, C.A., contra P.D.V.S.A. por un cobro de bolívares. El Juzgado Segundo de Primera Instancia había declinado su competencia, remitiendo el caso a esta Sala. La Sala analizó si cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para asumir el conocimiento del caso, concluyendo que la demanda excedía el monto mínimo y que el Estado tenía participación decisiva en la empresa demandada.

El artículo 42, numeral 15º, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece: “Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: ...omissis... 15º: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad.” De la norma transcrita, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, se infiere que para que esta Sala Político Administrativa pueda conocer de las acciones que se interpongan contra alguna empresa del Estado, es necesario que: El Estado tenga participación decisiva en dicha empresa; Su cuantía exceda de cinco millones de bolívares; y Su conocimiento no esté atribuido a ninguna otra autoridad. Ahora bien, en el caso de autos se observa que: a) La parte demandada es la sociedad mercantil PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA) la cual, según se constata de su acta constitutiva, es una empresa del Estado venezolano, creada mediante Decreto Nº 1.123, de fecha 30 de agosto de 1975, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.770, Extraordinaria de la misma fecha, por cuanto en su cláusula quinta consagra que su capital social está representado por cien (100) acciones nominativas a favor de la República. b) Los daños y perjuicios demandados se estimaron en la cantidad de DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLIVARES CON 37/100 (Bs. 16.743.877, 37), por lo que evidentemente excede del mínimo exigido; y c) La competencia no ha sido atribuida a ninguna otra autoridad. Por lo tanto, visto que el asunto bajo análisis reúne los extremos de los supuestos previstos en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, es razón por la que esta Sala debe declarase competente para conocer del presente caso. Así se decide.

Con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en decisión de fecha 30 de junio de 2000. SEGUNDO: ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y, si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes. TERCERO: REMÍTASE, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.