Sentencia N° 1946 Político-Administrativa TSJ 2000: Benjamín la Cruz Alastre vs Fondo Nacional de Investigaciones…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia en una acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil Construcciones Anpeca S.A. contra el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP). El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil declaró su incompetencia y remitió el caso a la Sala Superior, que a su vez declinó la competencia al Tribunal Supremo de Justicia para decidir sobre el conflicto. La Sala analizó la normativa aplicable y concluyó que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, corresponde a la Sala Constitucional decidir sobre los conflictos negativos de competencia en materia de amparo. Por lo tanto, la Sala Político Administrativa decidió declinar la competencia para conocer y decidir la acción de amparo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, se ordenó la remisión de las actuaciones a la Sala Constitucional, cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente.

Corresponde a esta Sala dilucidar el ámbito competencial para decidir el conflicto de competencia planteado, para lo cual observa: El artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que los conflictos de competencia suscitados en materia de amparo entre Tribunales de Primera Instancia, serán decididos por el Juzgado Superior respectivo. Ahora bien, con base a la configuración de las Salas en la extinta Corte Suprema de Justicia, correspondía a la Sala de Casación Civil, conforme al numeral 21 del artículo 42, de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal en concordancia con el artículo 43 eiusdem, entre otras atribuciones, decidir los conflictos de competencia entre Tribunales, cuando no existía otro Tribunal Superior común a ellos y siempre que estos se suscitaren entre la jurisdicción Civil, Mercantil, del Trabajo o alguna otra especial. El 15 de diciembre de 1999 fue aprobada, mediante referendo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho Texto Fundamental prevé en su artículo 266, las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras competencias no atribuidas expresamente. En concreto, el referido artículo 266, en su ordinal 7, establece: “Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (... omissis ...) 7.Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico.” De allí que esta Sala interprete que la competencia, para regular los conflictos de ésta, está atribuida constitucionalmente a todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, la Sala Constitucional, mediante sentencia Nº 264, de fecha 25 de abril de 2000, estableció que la solución de conflictos negativos de competencia, como el caso de autos, planteados en materia de amparo constitucional serán decididos por esa Sala Constitucional, a saber: “A los fines de dar solución al conflicto negativo de competencia planteado, así como otros que eventualmente puedan suscitarse en materia de amparo constitucional, considera esta Sala que los mismos serán decididos por esta Sala Constitucional, atendiendo al carácter de brevedad que se prevé en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.”

En virtud de los criterios antes expuestos, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente acción en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.