Sentencia N° 1941 Político-Administrativa TSJ 2000: Luis Mendoza vs Concejo Municipal DEL Municipio Libertador

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer un recurso de nulidad interpuesto contra actos administrativos del Concejo Municipal del Municipio Libertador. Se determinó que la competencia corresponde a un Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo, y no a la Sala Político-Administrativa, dado que se solicitó la nulidad de actos administrativos y no de una ordenanza legislativa. La Sala resolvió no aceptar la competencia declinada y ordenó remitir el caso al tribunal competente.

Visto el caso de autos en el que se ha interpuesto recurso de nulidad contra actos administrativos números DP-P-209-96 y DPP-282-96, emanados del Concejo Municipal del Municipio Libertador del Distrito Federal en fechas 13 de marzo y 22 de abril de 1996, respectivamente, y vista la solicitud de desaplicación de la Ordenanza sobre Carrera Administrativa para los Empleados o Funcionarios del Municipio Libertador del Distrito Federal que se agregó a la reforma parcial publicada en la Gaceta Municipal Extra Nº 1570 el día 29 de febrero de 1996; la competencia para conocer del presente asunto le corresponde a un Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema, de Justicia el cual señala: “(...) Mientras, se dicta la Ley que organice la jurisdicción contencioso-administrativa, los Tribunales Superiores que tengan atribuida competencia en lo civil, conocerán, en primera instancia en sus respectivas circunscripciones, de las acciones o recursos de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, si son impugnados por razones de ilegalidad. (...)”; toda vez que en ningún momento se solicitó la nulidad de un acto legislativo como alude el a quo, sino que se invocó el control difuso de la constitucionalidad que todo juez está llamado a ejercer, el cual se encuentra ahora previsto en el artículo 334 de la Constitución vigente. Así se decide.

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el tribunal remitente a los fines de conocer el caso planteado. Se ordena remitir la presente causa al Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, por ser el competente para conocer y decidir el caso de autos. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.