Sentencia N° 1938 Político-Administrativa TSJ 2000: Gawad Hassan Abboud Rched vs Iván José Colmenares Betancourt

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia en una acción de amparo constitucional interpuesta contra el Poder Ejecutivo del Estado Portuguesa. La Sala determinó que, aunque la acción fue presentada ante el Juzgado Superior, la competencia para conocer el caso corresponde a la Sala Constitucional, de acuerdo con la normativa vigente y la interpretación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en su artículo 262 la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Asimismo otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Supremo Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de esta Sala del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional, y por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido. En el caso de autos la controversia está referida a un amparo constitucional autónomo contra el Poder Ejecutivo del Estado Portuguesa, en la persona del ciudadano Iván José Colmenares Betancourt, por lo que al tratarse de una materia constitucional, y como quiera que la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles en su artículo 56, asigna la competencia para conocer de los amparos que se intenten en esa materia a la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, resulta forzoso para esta Sala declarar que la competencia para conocer y decidir el caso de autos corresponde a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.

NO ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y lo Contencioso de la Región Centro Occidental, y DECLARA que la competencia para conocer y decidir el presente caso, corresponde a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.