Sentencia N° 1933 Político-Administrativa TSJ 2000: Procuraduría General de la República vs Sucesión de ELADIO NIETO BASTOS

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la apelación interpuesta por la Procuraduría General de la República contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró firme un informe de avalúo. La apelación se basa en la supuesta falta de motivación del informe y en la incorrecta determinación de la extensión del terreno expropiado. La Sala concluye que el informe de avalúo está debidamente motivado y que no se aparta de las decisiones previas.

Oída la apelación en ambos efectos y remitido el expediente a la Sala, para decidir se observa: Alega la representación de la República de Venezuela que la sentencia se apartó de los límites fijados por esa misma Corte en la sentencia del 24 de octubre de 1985, oportunidad en que se anuló el primer informe de avalúo. Afirma al respecto que el informe de avalúo practicado por la primera comisión de expertos resultaba para la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo inmotivado en cuanto a la determinación de la extensión total del terreno, por haberlo fijado en 18.712,40 m2, sin exponer las razones por las cuales tomaron como base del avalúo a la contemplada por los títulos de propiedad, cuando su deber como expertos era verificar la extensión real de la superficie de los terrenos, aún cuando la suma de metros cuadrados de las dos parcelas afectadas, de acuerdo a lo que se desprendía del levantamiento topográfico levantado por el INAVI, indicaba que la extensión de los inmuebles expropiados realmente era de 20.492 m2. En el nuevo avalúo practicado, los peritos designados por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo establecieron que la extensión del terreno era de 20.492 m2, sin realizar medición alguna que les permitiera verificar la real extensión de las parcelas expropiadas. En consecuencia, afirma la Procuraduría General de la República, se habría vulnerado por la recurrida el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse a lo alegado y probado en autos, ya que los expertos no efectuaron sus propias mediciones. Al respecto, la Sala observa: El informe de avalúo consignado en fecha 25 de octubre de 1986 por los Ingenieros Haydée Hernández Arcay y Germán López Méndez, peritos designados para realizarlo, estableció que el área del terreno a examinar con vistas a la misión encomendada era de 20.492,12 m2. La referida superficie, según se desprende de dicho informe, es la que señala el levantamiento topográfico realizado por la Gerencia de Tierras del INAVI y la que refiere el propio Decreto de Expropiación. Igualmente se aprecia del mencionado informe, en su página 5 que“ (omissis) ... esta comisión inspeccionó el sitio, reconoció los linderos generales de área a expropiar y de acuerdo con las circunstancias del levantamiento las mismas se corresponden con la realidad; además tomando en cuenta que a los efectos de producir el Decreto de Expropiación, los organismos encargados de la revisión técnica y legal para dictarlo se basaron en el levantamiento topográfico realizado por el INAVI, acogemos esta superficie de veinte mil cuatrocientos noventa y dos metros cuadrados con doce centímetros cuadrados (20.492, 12 m2) para nuestros cálculos”. Visto lo contenido en el informe parcialmente transcrito, estima la Sala que la determinación de la superficie del área expropiada resulta suficientemente motivada y no se aparta en consecuencia el fallo recurrido de los parámetros contenidos en la sentencia del 24 de octubre de 1985, toda vez que en dicha decisión se juzgó como inmotivado precisamente el hecho de no verificarse por los propios expertos la extensión de las parcelas. Así se declara.

Por las razones expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha 21 de julio de 1988, en el marco del juicio de impugnación de informe de avalúo interpuesto por los ciudadanos CARLOS ALBERTO NIETO MORALES, MARÍA MARGARITA (MARGOT) MORALES DE NIETO BASTOS, PEDRO VICENTE NIETO MORALES, CARLOS ALBERTO NIETO MORALES, AIDA DELFINA NIETO MORALES, OFIR MARGARITA NIETO MORALES DE CESIN, NELLY JOSEFINA NIETO MORALES DE MÉNDEZ, RAÚL JOSÉ NIETO MORALES e ILSE COROMOTO NIETO MORALES DE NEGRETTI, todos integrantes de la Sucesión de ELADIO NIETO BASTOS. En consecuencia, se confirma el fallo apelado y se ordena remitir el expediente original a su tribunal de origen, a los fines legales consiguientes. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia certificada de esta decisión a la Procuraduría General de la República. Cúmplase lo ordenado.