Sentencia N° 1920 Político-Administrativa TSJ 2000: José Antonio Márquez Román vs Consorcio Lake Plaza, C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta elevada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores del Estado Mérida, respecto a la falta de jurisdicción para conocer de un recurso de nulidad. La Sala determinó que la competencia para conocer de tales recursos corresponde a los Tribunales contencioso-administrativos, y no a los laborales, según lo establecido en la Constitución y el Código de Procedimiento Civil.

La Sala para decidir observa: De lo expuesto ut supra se desprende que si bien el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida ha elevado a consulta para ante esta Sala su decisión de fecha 21 de julio de 2000, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil (que aluden a la falta de jurisdicción), lo discutido por el precitado Juzgado es, en realidad, la competencia de los Tribunales laborales para conocer de recursos de nulidad interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo. Así se evidencia del contenido de dicho fallo, al señalar: -“... el juzgador de esta Alzada considera que su competencia está limitada al conocimiento y decisión de conflictos individuales en el campo civil (...) del cual se desglosan materias como trabajo, mercantil, tránsito, trabajo, etc; por tanto ajenas o alejadas (...) de la jurisdicción contencioso administrativa...”. - “...la propia Constitución en su artículo 259 (...) confirma la jurisdicción contencioso administrativa con sus distintas competencias (...) especialmente para la anulación de los actos administrativos generales o individuales...”. “...este Tribunal (...) se declara incompetente para conocer del presente caso, porque considera que es de la competencia contencioso administrativa en esta Circunscripción...”. Siendo ello así, interesa destacar lo expuesto en sentencias de esta misma Sala en fechas 26 de julio de 1997 y 4 de julio de 2000, en los siguientes términos: “...la jurisdicción es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, en virtud de la cual se administra justicia con el objeto de dirimir conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada; la competencia es la medida de esa jurisdicción asignada a los órganos jurisdiccionales del Estado de manera específica, atendiendo a criterios de materia, cuantía y territorio. Por tanto, al tratarse de figuras distintas el legislador otorgó a cada una de ellas diferente tramitación en caso de ser cuestionadas durante el proceso. La regulación de jurisdicción suspende la causa y requiere la remisión de las actas originales a esta Sala Político-Administrativa; la regulación de competencia, por su parte, somete el conocimiento de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción del Juez cuya competencia se cuestiona...”

En virtud de las precedentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara NO TENER MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR respecto a la decisión sometida a consulta por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en cuanto a la falta de jurisdicción planteada y ORDENA remitir las presentes actuaciones a la Sala de Casación Social a los fines de que sea dirimido el conflicto de competencia. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.