Sentencia N° 1915 Político-Administrativa TSJ 2000: Ferreteria el Mayorcito, C.A. vs Compañia Anonima Nacional Telefonos de…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de la demanda interpuesta por la sociedad mercantil Ferretería El Mayorcito, C.A. contra la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.). La Sala aceptó la declinatoria de competencia planteada, considerando que la participación del Estado en la empresa demandada es decisiva, lo que justifica su conocimiento. Se determinó que la cuantía de la acción supera los cinco millones de bolívares, cumpliendo así con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la demanda incoada por la empresa Ferretería El Mayorcito, C.A. contra la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.), a cuyo objeto observa: En sentencia de fecha 17 de febrero de 2000 (caso AEROLINK INTERNATIONAL S.A) esta Sala efectuó un análisis de las competencias que le son atribuidas por el Constituyente; reiterando dicho criterio, es menester destacar que el artículo 259 de la vigente Constitución establece: "La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás Tribunales que determine la Ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa". Ahora, tal como se dejó sentado en el precitado fallo, corresponde a la Sala Político Administrativa, entre otras, el ejercicio de las siguientes competencias: 1. Garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, así como velar por su uniforme interpretación y aplicación conforme a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución. 2. Declarar la nulidad total o parcial cuando sea procedente de los Reglamentos y demás actos administrativos, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conforme al ordinal 5 del artículo 266 de la Constitución y 259 eiusdem. 3. Condenar al pago de sumas de dinero, por daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de la administración o de sus funcionarios, así como de ordenar el restablecimiento de las situaciones jurídico subjetivas lesionadas por la actividad administrativa, conforme al artículo 259 de la Constitución. 4. Dirimir controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, conforme al ordinal 4 del artículo 266 de la Constitución. 5. Conocer las cuestiones de cualquier naturaleza relacionadas con los contratos administrativos, conforme al ordinal 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 6. Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o Empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva.

En virtud de las precedentes consideraciones esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA para conocer de la demanda que por cobro de bolívares intentaran los abogados RAFAEL CHERUBINI OCANDO y ARGENIS CASTILLO MASS, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil FERRETERIA EL MAYORCITO, C.A., contra la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.). Se ANULAN todas las actuaciones y se REPONE la causa al estado de admisión. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda interpuesta, salvo lo relativo a la competencia que ya ha sido determinada en el presente fallo. Remítase con oficio copia certificada de la presente decisión al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.