Sentencia N° 1913 Político-Administrativa TSJ 2000: Nieves Semidey Santamaria vs República de Venezuela (Ministerio de la…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente relacionado con una demanda por daños y perjuicios interpuesta por la ciudadana Nieves Semidey Santamaría contra la República de Venezuela, a través del Ministerio de la Defensa. La demanda fue estimada en $12,485.68 y se fundamentó en diversos daños sufridos por la demandante tras su traslado de Miami a Venezuela. El Tribunal de la Carrera Administrativa había declarado su incompetencia para conocer de la demanda, declinando su conocimiento a la Sala Político-Administrativa. La Sala, al analizar la situación, coincidió con el Tribunal declinante, indicando que la reclamación no se encuadra dentro de una querella funcionarial, sino que se trata de una demanda ordinaria. Se destacó la importancia de que la parte actora especificara el equivalente en bolívares de la suma demandada, ya que la legislación establece que los valores en moneda extranjera deben contener su equivalencia en la moneda nacional para determinar la competencia del órgano judicial. Finalmente, la Sala acordó notificar a la demandante para que, en un lapso de cinco días, determine la cuantía de la demanda en bolívares, permitiendo así el avance del proceso judicial.

La Sala para decidir, observa: I. DE LA DEMANDA INTERPUESTA Mediante escrito de fecha 6 de diciembre de 1.995, los abogados Abraham Grosman y Luis Colmenares, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Nieves Semidey Santamaría, interpusieron ante el Tribunal de la Carrera Administrativa demanda por daños y perjuicios contra la República de Venezuela por órgano del Ministerio de la Defensa. Dicha demanda fue estimada en la cantidad de doce mil cuatrocientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y ocho céntimos ($ 12.485, 68), y fundamentada en los siguientes argumentos: Que el 4 de mayo de 1990 la ciudadana Nieves Semidey Santamaría comenzó a prestar sus servicios para el Ministerio de la Defensa, en el cargo de Secretaria II en la Comandancia General del Ejército, siendo luego -el 1º de junio del mismo año- nombrada Secretaria II de la Oficina Receptora de Materiales (Miami-USA). Que el 11 de julio de 1994 recibió una comunicación del Jefe de la Sección Receptora de Material del Ejército, donde le informaba su traslado a Venezuela, por cuanto había finalizado su misión en ese país, lo cual significaba -señala- abandonar la ciudad de Miami y presentarse en la Dirección de Adquisiciones del Ejército, en Caracas, en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas. Que la demandante había vivido cuatro años en Miami y había adquirido una serie de compromisos económicos. En este sentido, aduce que: No se le dio oportunidad de buscar un convenimiento referente a su contrato de vivienda en Miami, por lo intempestivo de su resolución, lo cual le acarreó la pérdida del depósito efectuado, por la cantidad de mil quinientos dólares (U.S.$ 1.500,00). Le adeudan cincuenta y dos dólares (U.S.$ 52,00) por gastos médicos, “...en virtud de que la institución antes identificada (Seguro Social) había eliminado un seguro de hospitalización y gastos médicos que tenía para su personal civil y los mismos no gozaban del seguro social norte americano, por lo cual, carecía de ese beneficio social que legalmente le correspondía...”. Había adquirido un vehículo por el cual dio una inicial de tres mil dólares (U.S.$ 3.000,00) y efectuó dieciséis pagos de trescientos nueve dólares con noventa y ocho céntimos (U.S.$ 309,98), y que tuvo que entregar a la empresa vendedora sin recibir compensación alguna por las pagos efectuados pues, por el contrario, se le exigió la cancelación de las letras pendientes. Que no se le entregó pasaje para su retorno a Venezuela, por lo que tuvo que adquirirlo por un monto de ciento veinticuatro dólares (U.S.$ 124,00). Que le dieron, por concepto de viáticos y prima por traslado de enseres, la cantidad de tres mil ochocientos cincuenta dólares (U.S.$ 3.850,00) cuando lo que le correspondía era la suma de cuatro mil ochocientos cincuenta dólares (U.S.$ 4.850,00); y le dejaron de pagar la compensación salarial del mes de julio, por un monto de mil ochocientos cincuenta dólares (U.S.$ 1.850,00). Que en virtud de todo lo expuesto se dirigió a varias instancias del Ministerio de la Defensa, a objeto de obtener una reparación del daño pecuniario sufrido, en respuesta a lo cual recibió el oficio Nº 4210 de fecha 21 de noviembre de 1994, donde el Director de Personal del Ejército le manifestaba que no mantenían deuda alguna con su persona. Que el 12 de diciembre del mismo año ejerció recurso de reconsideración contra el precitado acto, del cual no recibió respuesta, por lo que procedió a interponer el recurso jerárquico correspondiente por ante el Ministro de la Defensa; posteriormente, señala, presentó comunicación por ante la Junta de Avenimiento del referido Ministerio, a fin de agotar la vía administrativa. Que el Ministerio de la Defensa no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, relativo a los pagos que el ejecutivo está obligado a efectuar a los funcionarios trasladados; por tal razón, y con fundamento en el artículo 1185 del Código Civil, demanda a la República de Venezuela, por órgano del precitado Ministerio, a objeto de que convenga o a ello sea demandada, en el pago de la cantidad de doce mil cuatrocientos ochenta y cinco dólares con sesenta y ocho céntimos (U.S.$ 12.485,00), por los daños y perjuicios que en su criterio le fueron causados por la accionada. Finalmente, solicita la corrección monetaria de la suma demandada en el sentido de que “...una vez concedida deberá ser calculada al valor del U.S.$ a la cotización oficial para ese momento”.

En virtud de las precedentes consideraciones esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrado justicia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA notificar a la ciudadana NIEVES SEMIDEY SANTAMARIA, parte actora en la presente demanda por daños y perjuicios interpuesta contra la REPUBLICA DE VENEZUELA (MINISTERIO DE LA DEFENSA), a fin de que determine por ante esta Sala, en un lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir de su notificación, la cuantía de la demanda incoada, en los términos expuestos en el presente fallo. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.