Sentencia N° 1910 Político-Administrativa TSJ 2001: María Inés Reyes vs Fiscalía General de la República

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por María Inés Reyes contra una resolución de la Fiscalía General de la República que le negó el beneficio de jubilación. La Sala determinó que la competencia para conocer del caso correspondía al Tribunal de la Carrera Administrativa, por lo que declinó su competencia y ordenó remitir el expediente a dicho tribunal. La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho al juez natural y a la doble instancia, así como en la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa.

En el presente caso, la ciudadana MARÍA INÉS REYES, demandó la nulidad del acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Nº 253 de fecha 28 de abril de 2000, emanado de la Fiscalía General de la República, en la cual a la recurrente le fue negado el beneficio de jubilación. En un caso similar al de autos, vinculado también a una controversia suscitada con ocasión de la extinción de una relación de empleo público, esta Sala, en aras de preservar el derecho al juez natural así como a la doble instancia, y atendiendo al principio de descentralización de la justicia que se deduce del Texto Constitucional, en sentencia Nº 2.263 de fecha 20 de diciembre de 2000, estableció que el tribunal competente para conocer de causas de esa naturaleza era el Tribunal de la Carrera Administrativa y el procedimiento aplicable, el previsto en la Ley de Carrera Administrativa. En esa oportunidad concluyó la Sala en lo siguiente: “(...) Por las razones que anteceden, estima la Sala que no obstante el acto cuestionado emane del Presidente del Consejo Nacional Electoral, y aún cuando los funcionarios de este último dispongan de un estatuto propio, se trata, en definitiva, de relaciones funcionariales a las que resulta perfectamente aplicable el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Administrativa; en consecuencia, es el Tribunal de la Carrera Administrativa el Juez Natural para conocer de la presente causa, y su Alzada, en caso de interponerse sobre el fallo definitivo el correspondiente recurso de apelación, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Así se decide. Lo mismo ha de ocurrir en los casos de relaciones funcionariales de orden estadal o municipal, esto es, corresponderá el conocimiento de la causa al Juzgado Superior Civil con competencia en lo Contencioso Administrativo de la región de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; y en Alzada, previo el recurso de apelación, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Similar interpretación debe colegirse para los supuestos atinentes a los funcionarios al servicio del Poder Legislativo y de los órganos de jerarquía similar al recurrido, tales como el Ministerio Público. (...)”.

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLINA LA COMPETENCIA en el Tribunal de la Carrera Administrativa, por ser el competente para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana MARÍA INÉS REYES, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Nº 253 de fecha 28 de abril de 2000, emanado de la Fiscalía General de la República, mediante la cual a la recurrente le fue negado el beneficio de jubilación. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente judicial y el administrativo al Tribunal de la Carrera Administrativa. Cúmplase lo ordenado.