Sentencia N° 1907 Político-Administrativa TSJ 2001: Gina Palmisano Rodriguez vs Contraloría General de la República

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana Gina Palmisano Rodríguez contra el artículo 4 del Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República y los actos administrativos de remoción y retiro. Se argumenta que el Contralor tiene la facultad de clasificar los cargos y que la recurrente ya ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción al momento de la impugnación. La Sala concluye que no se vulneraron los derechos de estabilidad laboral de la recurrente.

Pasa esta Sala a pronunciarse en relación a la denuncia de inconstitucionalidad e ilegalidad del Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República, planteada por la recurrente, y a tal efecto, se observa: Alega la recurrente que el artículo 4 del Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.137 de fecha 4 de marzo de 1997, en el que se establecen los cargos que se consideran de libre nombramiento y remoción en el órgano contralor, infringe los artículos 88 y 122 de la Constitución del 61, relativos a la estabilidad laboral y al régimen de carrera administrativa, igualmente, que el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, no faculta al Contralor para desincorporar a funcionarios de carrera y denominarlos de libre nombramiento y remoción, desmejorando su condición y vulnerándose, en su criterio, el artículo 16 eiusdem. Ahora bien, el principio de la estabilidad consagrado en el artículo 88 de la Constitución del 61, actualmente previsto en el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asegura al trabajador el derecho a permanecer en su trabajo en tanto no incumpla sus obligaciones y no de causa para su separación. Así, la estabilidad pretende erradicar la incertidumbre o el temor permanente del trabajador que sin haber dado causa a ello pudiera ser separado de su puesto de trabajo, con el grave perjuicio que ello ocasionaría para su sustento y el de su familia. La norma constitucional que prevé la estabilidad, está dirigida al legislador para que éste a través de la Ley disponga las condiciones en que deba dársele vigencia a tal principio. En este sentido, cabe destacar que, el legislador patrio interpretó el principio de estabilidad laboral consagrado constitucionalmente como de carácter relativo, lo cual implica que el patrono conserva el derecho de dar por terminada la relación de trabajo aun sin causa justificada, indemnizando al trabajador afectado. En consecuencia, tal principio de estabilidad consagrado en la Constitución, no puede ser considerado como absoluto sino relativo.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político Administrativa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad ejercido por los abogados CARLOS ALBERTO PEREZ y STALIN RODRIGUEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 8.067 Y 58.650, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la ciudadana GINA PALMISANO RODRIGUEZ, contra el artículo 4 del ESTATUTO DE PERSONAL, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.137 de fecha 4 de marzo de 1997, y de los actos administrativos de remoción y retiro contenidos en las Resoluciones Nº 07-02-00-2-010 y 07-02-00-2-019 de fechas 23-02-99 y 5-4-99, respectivamente, dictados por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.