Sentencia N° 1901 Político-Administrativa TSJ 2001: HECTOR AUGUSTO SERPA ARCAs vs Fiscal General de la República

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por HECTOR AUGUSTO SERPA ARCAs contra un acto administrativo del FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA que declaró improcedente su solicitud de jubilación. La Sala determinó que no era competente para conocer del caso, ya que la reclamación no derivaba de una relación funcionarial con el Ministerio Público, y que el cargo de Fiscal General no es considerado de carrera. Por lo tanto, se declaró improcedente la medida cautelar solicitada y la solicitud de declaratoria de mero derecho.

Como punto previo, debe esta Sala pronunciarse acerca de la competencia para conocer de la presente causa, y al respecto se observa que en el caso de autos, se ha interpuesto un recurso de nulidad contra el acto administrativo Nº DFGR-98-13233 de fecha 17 de abril de 1998, suscrito por el FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante el cual se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el actor contra la Resolución Nº DFGR-97-0025738 de fecha 5 de agosto de 1997, emanada de la misma autoridad, que le negó el beneficio de jubilación. Ahora bien, resulta necesario señalar que mediante sentencia Nº 2.263 de fecha 20 de diciembre de 2000, esta Sala Político-Administrativa estableció que el tribunal competente para conocer de las causas que se susciten con ocasión de una relación de empleo público planteadas por funcionarios de carrera, es el Tribunal de la Carrera Administrativa. En esa oportunidad la Sala concluyó en lo siguiente: “Por las razones que anteceden, estima la Sala que no obstante el acto cuestionado emane del Presidente del Consejo Nacional Electoral, y aun cuando los funcionarios de este último dispongan de un estatuto propio, se trata, en definitiva, de relaciones funcionariales a las que resulta perfectamente aplicable el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Administrativa; en consecuencia, es el Tribunal de la Carrera Administrativa el Juez Natural para conocer de la presente causa, y su Alzada, en caso de interponerse sobre el fallo definitivo el correspondiente recurso de apelación, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Así se decide. Lo mismo ha de ocurrir en los casos de relaciones funcionariales de orden estadal o municipal, esto es, corresponderá el conocimiento de la causa al Juzgado Superior Civil con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; y en Alzada, previo el recurso de apelación, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Similar interpretación debe colegirse para los supuestos atinentes a los funcionarios al servicio del Poder Legislativo y de los órganos de jerarquía similar al recurrido, tales como el Ministerio Público.” No obstante, se observa que la reclamación planteada por el recurrente fue realizada en su carácter de ex-Fiscal General de la República, por lo que resulta evidente que en el presente caso, no estamos en presencia de una reclamación derivada de una relación funcionarial con el Ministerio Público, toda vez que el cargo de Fiscal General de la República es un cargo de alto nivel establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 284, el cual no es considerado como de carrera en razón de su jerarquía, no siendo aplicable lo expuesto en la sentencia citada supra, pues tal criterio es aplicable sólo a los funcionarios que ostenten cargos de carrera. Por tanto, al estarse recurriendo en nulidad de un acto suscrito por el Fiscal General de la República, atendiendo al órgano que emitió el acto, esta Sala de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 12 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, es la competente para conocer del asunto y así se declara.

En virtud de las consideraciones expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1) IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, por el ciudadano el ciudadano HECTOR AUGUSTO SERPA ARCAs, asistido por el abogado Francisco Encinas Verde, contra el acto administrativo Nº DFGR-98-13233 de fecha 17de abril de 1998, suscrito por el FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante el cual se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el actor contra la Resolución Nº DFGR-97-0025738 de fecha 5 de agosto de 1997, emanada de la misma autoridad, que le negó el beneficio de jubilación. 2) IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos del acto impugnado formulada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 3) IMPROCEDENTE la solicitud de declaratoria de mero derecho en el presente caso. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación.