Sentencia N° 1899 — Sala Político Administrativa del TSJ, 2 de diciembre de 2003

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en relación a una demanda por resolución de contrato y cobro de bolívares interpuesta por el ciudadano Oscar Vivas Landino. La Sala determinó que el contrato en cuestión cumplía con las características de un contrato administrativo, lo que le confería competencia para conocer del caso. La Sala analizó la naturaleza del contrato y concluyó que, al ser parte el Municipio Santa Rita del Estado Zulia, se trataba de un contrato administrativo. Se destacó que la competencia para conocer de este tipo de contratos corresponde a la Sala Político-Administrativa, de acuerdo con el ordinal 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, la Sala aceptó la competencia declinada por el Juzgado Superior y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación para que se revisen las causales de admisibilidad, salvo la competencia ya analizada.

El presente caso fue remitido a esta Sala por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en virtud de la decisión que dictara en fecha 16 de septiembre de 2003, mediante la cual se declaró incompetente para conocer del mismo, por considerar que el contrato cuyo incumplimiento se demandó, cumple con las características esenciales de los contratos administrativos, y por tanto, su conocimiento correspondía a esta Sala Político Administrativa, de conformidad con el ordinal 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, el ordinal 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, establece que: “Es de la competencia de la Corte como más Alto Tribunal de la República: 14.- Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades”. (Subrayado de la Sala). El artículo anteriormente transcrito, consagra la competencia de esta Sala para conocer de cualquier acción que se interponga referente a los contratos administrativos, en los cuales sean parte los mencionados entes políticos territoriales, sea que éstos actúen como parte demanda o como demandados. Ahora bien, con la finalidad de determinar el órgano competente para conocer de la presente causa, considera la Sala necesario precisar que la acción intentada es una demanda por resolución de contrato y cobro de bolívares, por lo que se debe analizar forzosamente en primer lugar la naturaleza jurídica del contrato objeto de la misma, ya que si se trata de un contrato administrativo la competencia corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, y por el contrario si se considera al mencionado contrato como uno de los llamados de derecho privado de la Administración el conocimiento estaría atribuido a la jurisdicción ordinaria.

Con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en decisión de fecha 16 de septiembre de 2003. SEGUNDO: ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se revisen las causales de admisibilidad, salvo la competencia, aquí analizada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.