Sentencia N° 1892 Político-Administrativa TSJ 2000: Montoya, Kociecki & Asociados, Sociedad Civil vs Alfred Missri Basmagi

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de jurisdicción planteada por la firma demandante, determinando que corresponde a los tribunales venezolanos conocer de la causa. Se argumentó que no existe falta de jurisdicción, ya que tanto el demandante como el demandado tienen su domicilio en Venezuela y las obligaciones contractuales se ejecutaron en el territorio nacional. La Sala reafirmó la inderogabilidad de la jurisdicción nacional y la competencia de los tribunales venezolanos para dirimir la controversia.

Para decidir, la Sala observa: La materia a dirimir por parte de este alto Tribunal en la presente consulta de jurisdicción, se circunscribe a precisar si corresponde el conocimiento de esta causa a los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela o, en su defecto, a una jurisdicción extranjera. Esta Sala en anteriores oportunidades ha señalado que existe falta de jurisdicción o defecto de jurisdicción cuando el conocimiento de una controversia no atañe al Poder Judicial venezolano, bien por corresponder su conocimiento a los órganos de la Administración Pública o a un juez extranjero; en el presente caso se plantea la falta de jurisdicción de los Tribunales venezolanos, de acuerdo al último de los supuestos mencionados. Es impretermitible aclarar que los contratos se ubicarán en el campo del Derecho Internacional Privado cuando las partes que se obliguen sean de distinta nacionalidad; tengan domicilios en diferentes Estados; se celebren en un Estado y los efectos deban cumplirse en otro; las partes son de un mismo Estado, pero celebran el contrato en otro, etc, lo cual conllevaría a realizar un estudio para determinar las diferentes leyes que pudieran ser aplicadas en caso de que surgiera un conflicto referido a la ley que rige el contrato. De los autos que componen el presente expediente se evidencia que estamos en presencia de una demanda que tiene por objeto el cobro de bolívares derivada de un contrato de mandato. Vemos como el mandatario (“MONTOYA, KOCIECKI & ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL”) se obligó, mediante un salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otro (ALFRED MISSRI BASMAGI), que la ha encargado de ello. El mandatario está obligado a ejecutar el mandato y el mandante tiene frente a éste la obligación de pagarle como se había pactado. En el caso subiudice se observa que ambas partes tienen su domicilio en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, que todas las obligaciones debían ejecutarse en el territorio de la República, es decir, presentar ante el Ministerio de Fomento, División de Propiedad Industrial, escritos de reclasificación de marcas y todo ello, se derivaba de un contrato celebrado en el territorio nacional.

Por todas las razones que anteceden, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE LOS TRIBUNALES VENEZOLANOS SI TIENEN JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la firma “MONTOYA, KOCIECKI & ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL” contra el ciudadano ALFRED MISSRI BASMAGI. Queda así confirmada la decisión, emitida por el a quo en fecha 26 de octubre de 1994.