Sentencia N° 1889 Político-Administrativa TSJ 2001: Amilcar José Peña Rivero vs Ministro del Interior y Justicia

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por Amilcar José Peña Rivero contra la Resolución Nº 2063 del 27 de agosto de 1998, que confirmaba su destitución del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La decisión se fundamenta en la participación del recurrente en hechos punibles, como la extorsión, y en la correcta aplicación del procedimiento administrativo disciplinario por parte de la Administración. La Sala constató que el recurrente fue capturado en el acto de extorsión y que la investigación administrativa cumplió con los requisitos legales. Se desestimaron los alegatos del recurrente sobre notificación defectuosa y ausencia de base legal, concluyendo que la notificación cumplió su propósito y que el acto impugnado estaba debidamente fundamentado. Finalmente, se reafirmó que la estabilidad laboral de los funcionarios está condicionada a su conducta, y que la decisión de destitución fue consecuencia de infracciones graves, por lo que no prosperaron las denuncias del recurrente.

Para decidir se observa: Del análisis de las extensas actas administrativas remitidas por el hoy Ministerio del Interior y Justicia, contentivas de la investigación administrativa disciplinaria abierta contra varios funcionarios, entre ellos el aquí recurrente, esta Sala constata que efectivamente el recurrente no solo estuvo involucrado en hechos punibles, como son la compra de mercancía robada y la extorsión, sino que fue capturado, por miembros de la División de Asuntos Disciplinarios, en el momento en que extorsionaba a un comerciante, el día 21 de mayo de 1997, frente a varios testigos, identificados en las actas. En efecto, cursan al folio 49 y siguientes del expediente administrativo las declaraciones de los testigos, de las que claramente se evidencia que el hoy recurrente participó, en forma pasiva, en la comisión de los hechos, en tanto que si bien es cierto que los testigos declararon que él no recibió en sus manos el dinero producto de la extorsión, sí participó como apoyo de los funcionarios a quienes se les incautaron los fondos. Igualmente observa la Sala que todo el procedimiento llevado a cabo por la Administración, con la finalidad de esclarecer los hechos y la responsabilidad de los involucrados, estuvo ceñido al instrumento disciplinario que regla la conducta de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. De tal manera que mal puede prosperar la denuncia de un falso supuesto de hecho o de derecho, cuando media toda una investigación que respalda la afirmación de la Administración y sobre la cual se edificó el acto recurrido. Así se declara. Respecto a la notificación, difícilmente pueda ésta ser calificada de defectuosa, como pretende el recurrente. En efecto, la finalidad de la notificación es la de llevar al conocimiento de su destinatario la existencia de la actuación de la Administración. Si una notificación defectuosa ha cumplido con el objetivo a que está destinada, ha puesto al notificado en conocimiento del contenido del acto y ha cumplido con el propósito de ponerlo al tanto de la existencia del acto notificado, más aún cuando como ocurre en este caso, el recurso fue oportunamente interpuesto permitiéndole acceder a la vía judicial, debe concluirse que los defectos que pudiera contener han quedado convalidados. Así se declara. Por otra parte, de la simple lectura del acto impugnado se desprende el fundamento jurídico, la base legal sobre la que se dictó el acto. Así, la Administración no sólo transcribe cada una de las normas consideradas violadas por el ex funcionario, sino que concatena cada una de éstas a los hechos en los que incurrió el recurrente respaldados por el expediente administrativo. De manera que el acto, en lo que respecta a su basamento legal, resulta ajustado a derecho. Así también se declara. Por último y con relación al alegato del impugnante relativo a la violación de principios de orden laboral, es preciso señalar que la decisión de la Administración de retirarlo de la nómina, resulta como consecuencia inmediata del procedimiento disciplinario abierto, por considerarlo incurso en infracciones incompatibles con el cargo desempeñado. Es de hacer notar que la misma estabilidad laboral que gozan estos funcionarios, como es lógico suponer, se encuentra condicionada a su desempeño pues es inaceptable que en aras de la protección constitucional al trabajo, la Administración no sancionase la conducta de quienes incurran en hechos ilícitos. En el caso concreto, tal estabilidad resultó afectada por la irregular conducta del ahora recurrente, por lo que tampoco a este respecto prospera la denuncia. Así también se declara.

Por los razonamientos expuestos, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano AMILCAR JOSÉ PEÑA RIVERO contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 2063 del 27 de agosto de 1998, suscrita por el Ministro de Justicia, hoy Ministro del Interior y Justicia, confirmatoria de la medida de destitución del Cuerpo Técnico de Policía Judicial acordada por el Director General del organismo policial. Publíquese, comuníquese y regístrese. Agréguese copia certificada de la presente decisión al cuaderno separado y archívese el expediente judicial. Consérvese el administrativo en tanto que resulta común a otras causas que cursan en la Sala.