Sentencia N° 1884 Político-Administrativa TSJ 2000: Jaime Requena Mandé vs Fundación Instituto de Estudios Avanzados…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por Jaime Requena Mandé contra un acto administrativo de la Fundación IDEA. Se identificó una irregularidad en el procedimiento de apelación, específicamente en la falta de fijación de la décima audiencia, lo que generó incertidumbre jurídica para las partes involucradas. La Sala ordenó subsanar esta omisión y dictar un nuevo auto conforme a las reglas del procedimiento de segunda instancia.

Esta Sala en diferentes oportunidades ha señalado que derivado de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no se produjo un simple cambio en la denominación y estructura de este Máximo Tribunal de la República sino que, se creó un nuevo Tribunal, se establecieron reglas diferentes en cuanto al gobierno y administración de todo el sistema judicial, y lo más importante el Estado y sus instituciones se impregnaron de valores y principios que han significado un cambio fundamental tanto en el origen como en la forma de administrar Justicia. En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 253 del texto fundamental, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se imparte en nombre de la República. A su vez la Justicia constituye un elemento existencial del Estado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 ejusdem; y un fin esencial de éste, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Carta Magna. En consecuencia, cuando el Estado se califica como de Derecho y de Justicia y establece como valor superior de su ordenamiento jurídico a la Justicia y la preeminencia de los derechos fundamentales, no está haciendo más que resaltar que los órganos del Poder Público -y en especial el sistema judicial- deben inexorablemente hacer prelar una noción de justicia material por sobre las formas y tecnicismos, propios de una legalidad formal que ciertamente ha tenido que ceder frente a la nueva concepción de Estado.

En virtud de los razonamientos expuestos y en atención a los principios que emanan de los artículos 26, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena subsanar la omisión contenida en el auto de fecha 8 de agosto del año 2000, que riela al folio 895 del expediente Nº 869 (nomenclatura de esta Sala) y ajustarse a las reglas del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 162 al 170 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. A partir de que se dicte el auto subsanando la omisión, comenzarán a correr los diez días de despacho para el inicio de la relación, y dentro de él deberá el apelante fundamentar su apelación.