Sentencia N° 1883 Político-Administrativa TSJ 2000: JOSE MARIA ROMERO PIÑEIRO y RENE ANTONIO… vs Banco de Fomento Regional LOS…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda por daños y perjuicios interpuesta contra el Banco de Fomento Regional Los Andes C.A. La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Estado Táchira, que posteriormente declinó la competencia a esta Sala. La Sala analizó si cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para conocer del caso, concluyendo que sí era competente.

El artículo 42, ordinal 15º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece: “Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: ...omissis... 15º: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad.” De la norma transcrita, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, se constata que para que esta Sala Político Administrativa pueda conocer de las acciones que se interpongan contra alguna empresa del Estado, es necesario que se den los supuestos siguientes: 1.- Que el Estado venezolano tenga participación decisiva en las acciones de dicha empresa; 2.- Que la cuantía exceda de cinco millones de bolívares; y 3.- Que su conocimiento no esté atribuido a ninguna otra autoridad. Ahora bien, en el caso de autos se observa que: La parte demandada, es el BANCO DE FOMENTO REGIONAL LOS ANDES C.A. (BANFOANDES), el cual, según se constata de la copia certificada consignada en autos de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 23 de mayo de 1995, es una empresa del Estado venezolano, ya que el Banco Industrial de Venezuela, C.A, representado por el Fondo de Inversiones de Venezuela, es titular del 99,94% del capital social; Los daños y perjuicios demandados se estimaron en la cantidad de CIENTO VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.120.000.000,00), por lo que evidentemente excede del mínimo exigido; y c) La competencia no ha sido atribuida a ninguna otra autoridad. Por lo tanto, visto que el asunto bajo análisis reúne los extremos de los supuestos previstos en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia SE DECLARA COMPETENTE para conocer del presente caso.

Con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en virtud de la decisión de fecha 1º de abril de 1996. SEGUNDO: ANULA todas las actuaciones realizadas en el Juzgado anteriormente mencionado y, en consecuencia, ORDENA reponer la causa al estado de admisión de la demanda. TERCERO: ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes, así como también ORDENA remitir con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.