Sentencia N° 1875 Político-Administrativa TSJ 2001: Sociedad Mercantil Hato El Banco, C.A. vs PDVSA Petróleo y Gas, S.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de suspensión de la causa presentada por la Procuraduría General de la República, fundamentada en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría. La Sala determinó que la notificación al Procurador no implica la paralización del proceso, y que el término de noventa días para su respuesta no debe suspender el juicio. Se concluyó que la solicitud de suspensión era improcedente, permitiendo que el proceso continuara su curso normal.

El artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece la obligación de los funcionarios judiciales de notificar al Procurador General de la República de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses patrimoniales de la República. Dicha norma es expresión de las prerrogativas jurisdiccionales que posee la República en lo que respecta a los juicios en los que se afectan sus intereses patrimoniales. Sin embargo, la norma citada no sólo se refiere a los intereses patrimoniales directos de la República en sí misma. Es decir, dicha norma no sólo se relaciona con aquellas demandas, oposiciones, excepciones, providencias, sentencias o solicitudes de cualquier naturaleza contra la personalidad jurídica de la República, sino que igualmente la norma está referida a los organismos descentralizados funcionalmente. En este sentido, es necesario determinar si puede considerarse como una dilación indebida la paralización del juicio por el término de noventa (90) días en aquellos casos donde la República no es parte principal en el juicio. La notificación del Procurador General de la República es una de los prerrogativas procesales de la República, por lo que se requiere que tal notificación se realice previo al inicio de la sustanciación de cualquier juicio que directa o indirectamente obre contra los intereses de la República, estando condicionada la validez y eficacia de cualquier acto procesal que se lleve a cabo en estos juicios, al requisito previo de la notificación al Procurador.

Consecuente con lo anteriormente expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la solicitud formulada por la Procuraduría General de la República, consistente en que se suspenda la presente causa por el lapso de noventa días previsto en el encabezado del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de Sustanciación a fin de que continúe su curso de ley. Cúmplase lo ordenado.