Sentencia N° 1871 Político-Administrativa TSJ 2001: Anibal Carmelo Lozada Dicuru vs República de Venezuela (Ministro de…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por Anibal Carmelo Lozada Dicurú contra una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La Sala, tras analizar la competencia, determinó que no era competente para conocer del asunto y declinó la competencia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La decisión fue firmada y sellada el 9 de agosto de 2001.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone expresamente en su artículo 262, la creación del Tribunal Supremo de Justicia, así como de las distintas Salas que lo integran, otorgando en forma expresa, ciertas competencias a cada una de ellas, y deja a cargo de la respectiva ley orgánica la distribución del resto de las mismas, no atribuidas por ella. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado en todos sus poderes, debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia; así, aún cuando no exista hasta el presente la aludida ley orgánica reguladora de sus funciones, las distintas Salas se encuentran con la necesidad y el deber de conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo principalmente al criterio de la afinidad que exista entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Esta Sala observa que el Texto Fundamental establece en el último aparte de su artículo 266, que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien: La presente causa se concreta a una acción de amparo interpuesta de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 20 de julio de 1999. Al respecto, ha precisado la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en decisión de fecha 20 de enero del 2000, (caso EMERY MATA MILLÁN,) que es de su competencia “…conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e indirectamente normas constitucionales”, en virtud de lo cual, esta Sala Político Administrativa, resulta incompetente para conocer del presente asunto y así se declara.

Con fundamento en los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de la presente causa en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.