Sentencia N° 1857 Político-Administrativa TSJ 2001: Hecdi Adamaro Díaz Oropeza vs Ministro de Relaciones Interiores

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la nulidad interpuesta por HECDI ADAMARO DÍAZ OROPEZA contra la Resolución N° 127 del Ministro de Relaciones Interiores, que ratificó su destitución. La Sala declaró inaplicables los artículos 31 y 73 del Reglamento Interno de la DISIP por inconstitucionales, argumentando que los plazos para apelar eran excesivamente breves y vulneraban el derecho a la defensa. Sin embargo, la Sala también determinó que la destitución fue válida, dado que se basó en indicios suficientes de mala conducta del recurrente, quien había sido previamente sancionado por hechos similares.

Con relación al presunto vicio de falso supuesto de hecho que afectaría al acto impugnado, porque según el actor la interposición del recurso de apelación se efectuó dentro del plazo de 24 horas que contempla el Reglamento Interno, y no cuatro días después del referido plazo, como sostiene la Administración, se observa: En la decisión recaída sobre el recurso de reconsideración, y también en la resolución ministerial que resuelve el recurso jerárquico, la Administración declara la improcedencia de ambos recursos administrativos, por considerar que la apelación de la medida de destitución fue ejercida en forma extemporánea. Por tal motivo, ambos actos administrativos no hacen referencia a los hechos que generaron el procedimiento administrativo disciplinario y se abstienen de analizarlos. En criterio de la Sala, tal circunstancia obliga a examinar, con carácter previo, la presunta extemporaneidad de la apelación interpuesta por el actor, en relación con el procedimiento especial que lo rige, y con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. A tal efecto, se observa: El artículo 31 del Reglamento Interno para la Administración de Personal de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), otorga al funcionario objeto de una medida sancionatoria, un plazo de 24 horas para apelar de la medida de destitución ante el Director General del organismo; y respecto de la decisión de éste, el afectado dispone de un plazo de 72 horas para recurrir, en vía jerárquica, ante el Ministro de Relaciones Interiores, conforme lo dispone el artículo 73 del referido texto reglamentario. Los referidos plazos de impugnación, a juicio de la Sala, por su extrema brevedad, entrañan una limitación considerable al administrado para que éste pueda ejercer efectivamente los recursos que se le han asignado para reclamar de una decisión que lo afecte en su esfera funcionarial; y contrastan con la garantía del debido proceso aplicable a toda actuación judicial o administrativa, expresamente contemplado por el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual en el numeral 1, establece que (Omissis...) “Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa”.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1.- INAPLICABLES, en el presente caso, por inconstitucionales, los artículos 31 y 73 del Reglamento Interno para la Administración de Personal de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), así como las disposiciones de carácter sancionatorio contenidas en dicho texto, 2.- SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano HECDI ADAMARO DÍAZ OROPEZA, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 127, de fecha 07 de julio de 1999, dictada por el ciudadano MINISTRO DE RELACIONES INTERIORES, ahora Ministro del Interior y Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial.