Sentencia N° 1844 Político-Administrativa TSJ 2000: Rhône Poulenc Rorer de Venezuela S.A. vs Director General DEL Ministerio de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por RHÔNE POULENC RORER DE VENEZUELA S.A. contra la Resolución Nº 00014 del 29 de junio de 1998, que declaró inadmisible el recurso jerárquico contra un reparo emitido por la Unidad de Estudios Cambiarios del Ministerio de Hacienda. La Sala analizó la competencia del Director General del Ministerio de Hacienda y la legalidad de la acumulación de expedientes administrativos, concluyendo que la actuación de la Unidad de Estudios Cambiarios se ajustó a derecho y no vulneró el derecho a la defensa de la demandante.

1.- Pasa la Sala a analizar previamente el vicio de incompetencia manifiesta denunciado por la parte actora, ya que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, el mismo comporta una infracción al orden público. Sostiene la parte actora que la Resolución Nº 00014 fue suscrita por el Director General del Ministerio de Hacienda, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 3.804 del 23 de enero de 1998 (Gaceta Oficial Nº 36.384 del 29 del mismo mes y año), por la cual el titular del Despacho le delegaba las atribuciones y firmas en ella señaladas. Explica que el Decreto Nº 140 del 17 de septiembre de 1969, contentivo del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional (Gaceta Oficial Nº 29.025 del 18 de septiembre de 1969) establece que no puede delegarse la firma de los siguientes documentos: “los que hayan de ser sometidos a los órganos superiores del Estado; resoluciones de carácter general; decisiones de los recursos de reconsideración que se interpongan contra los actos del Ministros; y decisiones de los recursos jerárquicos”. Estima que “el Director General al firmar por delegación que debe calificarse de ilegal, está ejerciendo una competencia asignada al Ministro de exclusivamente”. Por su parte, la Procuraduría General de la República señala que la recurrente incurrió en un grave error de interpretación pues asimiló la delegación de firmas a la de atribuciones y, además, que la Resolución Nº 3.804 del 23 de enero de 1998 (Gaceta Oficial Nº 36.384 del 29 del mismo mes y año) facultaba al Director General para decidir los recursos jerárquicos interpuestos ante el Despacho. Al respecto se observa que, ciertamente, como afirmara la representación de la República, la demandante confunde el significado y alcance de ambas figuras. La delegación de atribuciones consiste en la traslación por un órgano superior a otro de nivel inferior, del ejercicio de una competencia, reteniendo el delegante la titularidad de la misma. En la delegación de firma, se transmite una sola facultad de naturaleza meramente instrumental que se concreta en la firma de documentos. En este último supuesto, el órgano habilitado no puede tomar determinación decisiva alguna pues, como se ha señalado, su actuación se limita a la suscripción de algunos documentos que, en todo caso, se entienden emitidos por el delegante. Ahora bien, en el caso de autos, se evidencia de la Resolución Nº 3.804 del 23 de enero de 1998, que el Ministro de Hacienda delegó en el ciudadano Eduardo Wallis Olavarría, Director General, no solamente la firma de ciertos documentos, sino también, algunas atribuciones, dentro de las cuales se encontraba, precisamente, la “decisión de recursos jerárquicos ante el Despacho”, todo de conformidad con el numeral 25 del artículo 20 de la derogada Ley Orgánica de la Administración Central (Gaceta Oficial Nº 5.025 Extraordinario, de fecha 20 de diciembre de 1995). Esta actuación no contraviene el contenido del numeral 5 de artículo 3º del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, pues el supuesto allí consagrado está referido a la prohibición de delegar la firma de los recursos jerárquicos que se interpongan contra actos dictados por el Director General en ejercicio de sus propias funciones. En el presente caso el funcionario en cuestión conoció de un acto proferido por un órgano inferior, para lo cual había sido facultado. En atención a lo antes transcrito, resulta evidente que quien firmó el acto tenía expresamente delegada la atribución para decidirlo, careciendo, en consecuencia, de fundamento la denuncia de incompetencia deducida por la demandante. Así se declara.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda de nulidad intentada por las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil RHÔNE POULENC RORER DE VENEZUELA S.A., contra la Resolución Nº 00014, del 29 de junio de 1998, dictada por el DIRECTOR GENERAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, ahora Ministerio de Finanzas, actuando por delegación del Ministro, notificada el 10 de julio del mismo año, en la cual se declaró inadmisible el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión del 14 de octubre de 1997, identificada como Reembolso Nº 5953450014100, emanada del Director Ejecutivo de la Unidad de Estudios Cambiarios del Ministerio de Hacienda (UNEC). Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.