Sentencia N° 1834 Político-Administrativa TSJ 2001: Héctor Marín vs Cámara Municipal del Municipio Páez del…

La Sala Constitucional se declaró incompetente para conocer de la acción de amparo constitucional y declinó la competencia ante la Sala Político Administrativa. Esta última, tras analizar el caso, determinó que era competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto por Héctor Marín contra un acto administrativo de la Cámara Municipal del Municipio Páez. La Sala admitió el recurso de nulidad y ordenó la notificación correspondiente, mientras que la medida cautelar de amparo fue declarada improcedente.

La constante jurisprudencia de esta Sala ha dejado establecido que los amparos ejercidos en forma cautelar, es decir, acumulados a un recurso principal, se rigen en cuanto a la competencia, por las reglas aplicables al recurso del cual son accesorios. Así se determinó en sentencia de fecha 20 de enero del año 2000, Caso Emery Mata Millán. En el presente caso...la presente causa persigue la nulidad de un acto administrativo emanado de la Cámara Municipal del Municipio Páez del Estado Portuguesa, que suspendió los efectos de otro acto administrativo mediante el cual se acordó concederle al ciudadano Héctor Marín, contrato de arrendamiento con opción a compra sobre un terreno ejido, y que por estar destinado a satisfacer un interés general, tiene el carácter de contrato administrativo. En este sentido, el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en su numeral 14 establece: 'Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República...Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades. En justa correspondencia con lo anterior, el artículo 43 eiudem establece que la Sala Político Administrativa será la competente para conocer de los asuntos a que se refiere el numeral anteriormente citado'. Ciertamente, como lo señala la Sala Constitucional, ha entendido la doctrina del Alto Tribunal que en el caso de la interposición de un recurso contencioso-administrativo o de una acción popular de inconstitucionalidad de leyes y demás actos normativos, ejercidos de manera conjunta con el amparo constitucional, este último reviste un carácter accesorio de la acción principal, al punto de que la competencia para conocer de la medida de tutela viene determinada por la competencia de la acción principal.

Con base en los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer del presente recurso de nulidad interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano HÉCTOR MARÍN contra el acto administrativo contenido en el Memorando Nº 208 de fecha 13 de febrero de 1995, emanado de la Cámara Municipal del Municipio Páez del Estado Portuguesa. SEGUNDO: ADMITE cuanto ha lugar en derecho, el recurso contencioso-administrativo de nulidad para lo cual ORDENA notificar mediante oficio, a los ciudadanos Procurador General de la República, Fiscal General de la República y al Síndico Procurador Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; el Juzgado de Sustanciación determinará la necesidad de emplazar a los interesados mediante cartel; y, en consecuencia, remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación. TERCERO: Se declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de amparo.