Sentencia N° 1819 Político-Administrativa TSJ 2000: Rene Molina Galicia vs Luis Miquilena — Controversia administrativa entre la…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la solicitud interpuesta por el abogado René Molina Galicia, actuando como Inspector General de Tribunales, para dirimir una controversia administrativa con el Presidente de la Comisión Legislativa Nacional, Luis Miquilena. La Sala argumenta que no se ha demostrado la existencia de una controversia administrativa en los términos previstos por la ley, ya que las declaraciones de Miquilena no constituyen una manifestación de voluntad de un órgano público, sino que son parte de su libertad de expresión como diputado.

La lectura del artículo 336, ejusdem, contentivo de las atribuciones constitucionales especificas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, revela que es característica común a todos los órganos de los cuales emanan los actos susceptibles de conocimiento por dicha Sala el que sus atribuciones y su regulación orgánica se ha hecho en el propio texto constitucional. Así lo encontramos en los diversos grupos de asuntos objeto del conocimiento de dicha Sala, en los cuales se observa tal característica, común a todos ellos. Tal es el caso de las leyes o actos con rango de ley dictados por órganos a los cuales la Constitución, les atribuye constitucionalmente y en forma directa la función legislativa (art. 336, numerales 1º, 2º, 3º, y 8º). Así, la declaratoria de nulidad total o parcial de leyes nacionales o actos con rango de ley (Asamblea Nacional, art. 336,1); la declaratoria de nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios (Consejo Legislativo Estadal, art. 336,2 en concordancia con el artículo 162,1, eiusdem; Concejo Municipal art. 336,2 en concordancia con el artículo 175, eiusdem); la declaratoria de nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional (art. 336,3 en concordancia con el artículo 236 eiusdem); y, resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál de éstas debe prevalecer y cuales disposiciones no pueden emanar sino de órganos públicos dotados constitucionalmente de atribuciones para el ejercicio de la función legislativa (art. 236,8 eiusdem).

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la solicitud planteada por el abogado RENE MOLINA GALICIA, actuando en su carácter de Inspector General de Tribunales, “que se dirima la controversia administrativa que se ha suscitado entre la Inspectoría General de Tribunales representada por (èl) y el Presidente de la Comisión Legislativa Nacional, ciudadano LUIS MIQUILENA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266, ordinal 4º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 42, ordinal 22 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.