Sentencia N° 1818 Político-Administrativa TSJ 2000: Francisca Antonia Alcalá de Centeno, Floria… vs Contraloría General de la…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar la solicitud de amparo constitucional y el recurso de nulidad contra el artículo 38 del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República. Se argumenta que se han vulnerado derechos constitucionales, específicamente el principio de irretroactividad de la ley y el derecho a la igualdad, al excluir a ciertos jubilados de ajustes en sus pensiones. La decisión ordena la inaplicación del reglamento impugnado y la actualización de las pensiones de los demandantes.

La irretroactividad de la ley constituye uno de los principios informadores del ordenamiento jurídico, junto al principio de legalidad, jerarquía normativa, seguridad jurídica y otros, se conecta y cobra valor en función de los demás. Así las cosas, el principio de irretroactividad, fundamentalmente, está conectado al principio de seguridad jurídica, entendido, como la confianza y predictibilidad que los administrados pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación del ordenamiento jurídico vigente, en otras palabras, puede entenderse, como lo ha expresado el Tribunal Constitucional español, la “…suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de la ley e interdicción de la arbitrariedad…” (Omissis) “…La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita promover en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad…” (S. TCE 27/1981, de 20 de julio). De allí, que se trata de principios que no pueden desatender ni separarse de otros dos valores capitales como son la justicia y el bien común. Por otra parte, la irretroactividad consiste en que la ley debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado, en este sentido se entiende que la retroactividad está referida a la incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos en situaciones anteriores. Es por ello que, en el caso que nos ocupa, los recurrentes argumentan que “el principio de irretroactividad de la ley tienen por objeto garantizar que los derechos subjetivos legítimamente adquiridos bajo la vigencia de una norma no sean afectados por lo dispuesto en una nueva norma…” En este mismo sentido, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado al precisar la noción del principio de la no retroactividad de la ley expresando: “...El principio de la no retroactividad está referido a la prohibición de aplicar una normativa nueva a situaciones de hecho nacidas con anterioridad a su vigencia, de forma que la disposición novedosa resulta ineficaz para regular situaciones fácticas consolidadas en el pasado, permitiéndose la retroactividad de la norma sólo como defensa o garantía de la libertad del ciudadano…” (S. de la Sala Político Administrativa, Especial Tributaria, de fecha 13 de julio de 1999, caso: Instituto Nacional de Cooperación Educativa INCE).

Por los motivos que anteceden, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de amparo constitucional ejercida conjuntamente con recurso de anulación contra el artículo 38, parte final, del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República, contenido en la Resolución No. CG-020 de fecha 1º de agosto de 1994, y contra su acto de aplicación contenido en el Memorándum No. CG-029 de fecha 7 de octubre de 1994, en su literal e), emanados del Contralor General de la República. En consecuencia: PRIMERO: SE ACUERDA la inaplicación del artículo 38 parte in fine, del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República, contenido en la Resolución No CG-020 de fecha 1º de agosto de 1994, publicada en Gaceta Oficial No 35.554 de 26 de septiembre de 1994, y se ORDENA la suspensión de su acto de aplicación contenido en el Memorándum No CG-029 de fecha 7 de octubre de 1994, en su literal e), emanados del ciudadano Contralor General de la República. SEGUNDO: SE ORDENA al Contralor General de la República, proceder en el lapso de diez (10) días hábiles, a la actualización de las jubilaciones y pensiones de los ciudadanos FRANCISCA ANTONIA ALCALÁ DE CENTENO, FLORIA MARÍA CEBALLOS DE GONZÁLEZ, JOSÉ DÍAZ DÍAZ, FELICIDAD DEL VALLE HERNÁNDEZ RIVAS, correspondientes a los años 1993 y 1994, mediante la actualización de sus montos, a través del reconocimiento de las depreciaciones que éstos hayan sufrido. Queda al Contralor, entonces, determinar en qué porcentaje deben realizarse tales correcciones a los fines de que no se vean tales jubilados y pensionados perjudicados, sin que esto signifique que deban convertirse en unos privilegiados frente a los demás beneficiarios. TERCERO: Advierte la Sala que lo ordenado en este fallo es cautelar, por lo que en caso de concluir en el recurso de anulación, con los nuevos elementos contenidos en el expediente, que la norma cuya inconstitucionalidad se ha solicitado y dado el caso que se desestime, surge para el órgano contralor el derecho de repetir contra los accionantes por el monto que se les ha anticipado, así como sus respectivos intereses, para lo cual dicho fallo será titulo ejecutivo suficiente. Publíquese, regístrese y comuníquese. Pásese el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de la tramitación del recurso de nulidad. Remítase, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Contralor General de la República.