Sentencia N° 1812 Político-Administrativa TSJ 2000: Inversiones Sabenpe Zulia, C.A. vs Municipio Miranda del Estado Falcón

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre las cuestiones previas opuestas por el Síndico Procurador Municipal del Municipio Miranda del Estado Falcón en un juicio incoado por la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe Zulia, C.A. La Sala declaró sin lugar las cuestiones previas, argumentando que el Síndico Procurador tiene la representación judicial del Municipio y que no se configuraba la inepta acumulación de pretensiones alegada por la parte demandada. Se condenó en costas a la parte demandada.

Vistos los alegatos aportados por ambas partes, corresponde a la Sala emitir su pronunciamiento. Como primera cuestión, aprecia la Sala que la parte demandada opone inicialmente la cuestión previa contenida en el ordinal 4º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, consistente en “La ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se atribuye”; alegando que en este caso, la representación judicial debe recaer sobre el Alcalde del Municipio Miranda del Estado Falcón y no sobre su persona de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. En oposición a este alegato, la representación de la parte accionante argumenta que no es cierto lo afirmado por el Síndico Procurador Municipal, pues por el contrario, éste es el representante judicial del Municipio y no requiere autorización del Alcalde para ejercer dicha representación. Estima esta Sala necesario realizar un examen de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, a los fines de determinar la procedencia de la cuestión previa alegada. El artículo 87 eiusdem expresa lo siguiente: Artículo 87. “Corresponde al Síndico Procurador: Representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Municipio o Distrito Metropolitano, en relación con los bienes y derechos de la Entidad, conforme al ordenamiento jurídico, sometiéndose a las instrucciones del Alcalde o del Concejo Municipal o Cabildo, según corresponda; 2. Representar y defender al Municipio o Distrito Metropolitano, conforme a las instrucciones que le comuniquen el Alcalde o la Cámara, en lo referente a derechos relacionados con ingresos públicos municipales y con los requisitos y modalidades que determinen las Leyes y Ordenanzas. Además, cumplirá las mismas funciones en los juicios contencioso-administrativos del Municipio o Distrito respectivo; 3. Asesorar jurídicamente, cuando sea Abogado, al Alcalde y al Concejo o Cabildo, en los asuntos que por naturaleza requieran dictamen legal a cuyo efecto rendirá los informes que le pidan el Alcalde, el Concejo o Cabildo (...omissis) (destacado de la Sala) El artículo 103 del mismo texto legal, establece lo siguiente: Artículo 103 “Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Síndico Procurador de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses patrimoniales del Municipio o del Distrito Metropolitano. Dichas notificaciones se harán por oficio y deberán ser acompañadas de copia certificada de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. El Síndico Procurador deberá contestarlas en un término de cuarenta y cinco (45) días contínuos, vencido el cual se tendrá por notificado. En los juicios en que el Municipio o Distrito sea parte, los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al Síndico Procurador de la apertura de todo término para el ejercicio de algún recurso, de la fijación de la oportunidad para la realización de algún acto y de toda actuación que se practique. En este caso vencido el plazo de 8 días hábiles se tendrá por notificado el Municipio o Distrito. La falta de notificación será causal de reposición a instancia del Síndico Procurador. En consecuencia se concluye, sobre la base las motivaciones antes expuestas, que al ser el Síndico Procurador Municipal del Municipio Miranda del Estado Falcón, quien representa judicialmente a dicho Municipio, la cuestión previa opuesta no puede prosperar. Así se declara.

En virtud de los razonamientos expuestos, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR las cuestiones previas opuestas en el presente caso por el SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN, en fecha 14 de diciembre de 1999, previstas en los ordinales 4º y 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio incoado en su contra por la sociedad mercantil INVERSIONES SABENPE ZULIA, C.A., ambas partes antes identificadas. En virtud de que la presente decisión se dicta fuera del lapso legal, se ordena notificar a las partes para la continuación del curso de la causa. Se condena en costas a la parte demandada, el Municipio Miranda del Estado Falcón, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 105 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; 357, 274 y 287 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que resultan aplicables por remisión expresa que se hace en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de Sustanciación. Cúmplase lo ordenado.