Sentencia N° 1811 Político-Administrativa TSJ 2001: Ivan Darío Badell vs Gobernador DEL Estado Miranda — Declaración de nulidad…

El Fiscal General de la República solicitó la nulidad del Decreto N° SG-00114, alegando inconstitucionalidad e ilegalidad. La Sala Político Administrativa, tras analizar la competencia, determinó que el asunto debía ser conocido por un Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo. La Sala declaró que el decreto impugnado, emanado de una autoridad estadal, usurpaba funciones de otros órganos del Poder Nacional y contravenía normas sobre la protección de la infancia.

El artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia atribuyó, mientras no hubiere sido dictada la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, a los Tribunales Superiores, con competencia en lo Civil en sus respectivas circunscripciones, conocer de las acciones o recursos de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales, cuando para su impugnación se invocasen razones de ilegalidad. Cuando se esgrimiesen razones de inconstitucionalidad, el conocimiento del recurso sería competencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa. Sin embargo, mediante sentencia publicada el 22 de mayo de 1996, caso José Reyes Hernández, la Sala interpretó de manera restrictiva el referido artículo 181, estableciendo que cuando se alegaren única y exclusivamente razones de inconstitucionalidad, la competencia sería de la Sala Político Administrativa. Por el contrario, si en el recurso o acción de nulidad se adujeren, además de dichas razones, cuestiones atinentes a vicios de ilegalidad, la competencia correspondería a los tribunales superiores con competencia en lo contencioso administrativo.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia DECLARA: 1.- Que un Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital es el órgano judicial COMPETENTE para conocer y decidir sobre la solicitud de nulidad, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, interpuesta por el ciudadano IVAN DARÍO BADELL, en su entonces condición de FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, del Decreto N° SG-00114, de fecha 23 de junio de 1993, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Miranda en esa misma fecha, dictado por el entonces GOBERNADOR DEL ESTADO MIRANDA, Arnaldo Arocha Vargas. 2.- REMÍTASE el expediente al tribunal distribuidor competente, a los fines de que se decida, sin más trámites, el mérito de la causa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.