Sentencia N° 1794 Político-Administrativa TSJ 2000: REYNA CLEOTILDE MELÉNDEZ CONEJE DE ROJAS… vs Gobernación DEL Estado Falcón

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por varios ciudadanos contra el Decreto Nº 385 de la Gobernación del Estado Falcón, que desafectó terrenos de uso agrícola para la construcción de un relleno sanitario. La Sala argumenta que el decreto vulnera derechos constitucionales relacionados con el ambiente y la salud de los ciudadanos, dado que la instalación del relleno sanitario podría causar daños irreparables a la zona agrícola y a los habitantes cercanos. Se ordena al Gobernador del Estado Falcón abstenerse de autorizar cualquier operación relacionada con el relleno sanitario hasta que se establezca un nuevo lugar adecuado para su instalación.

1.- Previo a la decisión sobre la solicitud de amparo cautelar que corresponde en esta oportunidad, debe la Sala pronunciarse sobre los planteamientos formulados por la representación de la Gobernación del Estado Falcón relativos a las infracciones al debido proceso que denuncia se cometieron por esta Sala, concretamente, por la forma como se realizó la notificación de su representado; así como debe resolver la impugnación de la representación de los accionantes, porque no se probó que los mismos sean sujetos de la reforma agraria y, finalmente, decidir sobre la falta cualidad activa y pasiva alegada; a tal efecto observa: 1.1.- En relación con los defectos en la boleta de notificación del proceso, que el representante de la Gobernación del Estado Falcón aduce, consistentes en la omisión del término de la distancia y la errónea indicación de que el lapso para la presentación del informe de las 48 horas se cuenta a partir de la notificación y no cuando ésta conste en autos; la Sala estima que tales formalidades están previstas en la ley a los fines de asegurar el derecho a la defensa de la parte contra la que se ejerce la acción. Es cierto, que cuando la notificación deba hacerse fuera de la jurisdicción del tribunal, ha de adicionarse al lapso de la comparecencia el término de la distancia; así como, también, ha establecido esta Sala, que el lapso de 48 horas para presentar el informe a que se refiere el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se computa a partir de la fecha en la que se consigna en autos la copia del recibo de la notificación; ello, como se dijo, a objeto de asegurar una cabal defensa en el proceso. Tales formalidades, como lo indicó el representante de la Gobernación del Estado Falcón, fueron efectivamente inadvertidas en este proceso; sin embargo, se constata de autos que la presentación del informe por parte del presunto agraviante fue oportuna. Razón por la cual, comprobado como está que el ente accionado en amparo no resultó afectado en el ejercicio de su derecho a la defensa, esta Sala estima que han quedado convalidadas las omisiones en la boleta de notificación del presente proceso. Así se declara. 1.2.- En cuanto a que los accionantes no podían ser representados por la Procuraduría Agraria, habida cuenta que no está probado en el expediente que aquellos sean sujetos de la reforma agraria, esta Sala constata de los autos que los accionantes, a excepción de la ciudadana Reyna Cleotilde Meléndez Coneje de Rojas, han sido beneficiarios del Certificado Provisional de Amparo Agrario Administrativo, otorgádoles por la Procuraduría Agraria del Estado Falcón el 26 de enero de 1998 y posteriormente confirmado en forma definitiva por el Instituto Agrario Nacional, según Resolución Nº 501 de fecha 09 de marzo de 2000, ésta última cursante a los folios 416 al 423 del expediente. Tal beneficio, constituido por el amparo agrario administrativo, se concede a quienes se encuentren en los supuestos de la Ley de Reforma Agraria, esto es, a los sujetos de la reforma agraria. Ahora bien, en cuanto a la precitada ciudadana Reyna Cleotilde Meléndez Coneje de Rojas, no consta en autos que halla sido beneficiaria del Certificado de Amparo Agrario, ni en forma temporal ni aún definitiva. Sin embargo, de acuerdo a los términos del primer aparte del artículo 148 eiusdem, “...Quedan igualmente amparados contra los desalojos los pequeños y medianos productores, ocupantes de terrenos ajenos durante más de un año, si mantienen un rebaño de ganado de cría como principal actividad económica, o si poseen cultivos, siempre que en uno u otro caso realicen un trabajo efectivo...”.

Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la presente solicitud de amparo constitucional ejercida en forma cautelar en el juicio de nulidad intentado contra el DECRETO Nº 385 emanado de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO FALCÓN en fecha 13 de octubre de 1999. En consecuencia, acuerda remitir al Gobernador del Estado Falcón junto con oficio, copia certificada del presente fallo a los fines que se indican a continuación. Sin perjuicio de la decisión que haya de proferirse en el juicio de nulidad incoado contra el Decreto N° 385 del 13 de octubre de 1999, dictado por el Gobernador del Estado Falcón, estima esta Sala conveniente establecer los lineamientos bajo los cuales ha de procederse como consecuencia de la declaratoria “CON LUGAR” de la presente acción de amparo constitucional. En efecto, observa la Sala que el resultado de la anterior declaratoria no puede implicar cautelarmente el cierre inmediato del relleno sanitario en el lugar denominado “El Saladillo”, sin que previamente se haya habilitado otro terreno apto para tal fin, pues, obviamente se generaría un problema adicional de salud pública al no disponerse apropiadamente de los desechos sólidos, creándose así una situación inconveniente para la comunidad de Coro más grave que la actual. Por tal motivo, y dado que los efectos del acto impugnado han quedado suspendidos provisionalmente hasta que se dicte sentencia sobre el mérito de la causa, se fija el alcance de la presente decisión de la siguiente manera. a. Se entenderá que el área denominada alrededores de Coro, Los Perozos y El Cebollal, que conforman la porción de terreno ubicado en el sector “El Saladillo”... b. En virtud de la necesidad de fijar un lugar para la instalación del relleno sanitario para la ciudad de Coro, habida cuenta de la grave presunción de violación de derechos constitucionales de los ocupantes del sector de “El Saladillo” y, en razón de que dicho relleno no puede instalarse en donde antes se encontraba ubicado, esto es, en el Parque Nacional Médanos de Coro, esta Sala prohibe al Gobernador del Estado Falcón, en su calidad de máxima autoridad estadal, que como consecuencia de este fallo vuelva a autorizar el uso del vertedero a cielo abierto de “Las Tenerías” como relleno sanitario provisional; y le ordena, asimismo, convocar a la Comisión Regional para la Ordenación del Territorio del Estado Falcón, para que en un lapso perentorio de sesenta (60) días continuos, contados a partir de que conste en autos la notificación de la presente decisión, consigne en esta Sala las resultas de estudios técnicos que se realicen sobre zonas ubicadas en el Estado Falcón, que la Comisión estime aptas para la instalación provisional del relleno sanitario para la ciudad de Coro, y gestione las autorizaciones necesarias para tal fin ante las autoridades competentes, informando de ello oportunamente a esta Sala. Conocidas las informaciones señaladas, esta Sala determinará el término para que le sean restablecidos plenamente a los agraviados sus derechos constitucionales amparados en la presente decisión. Publíquese, regístrese y comuníquese. Agréguese copia certificada de la presente sentencia a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.