Sentencia N° 179 Político-Administrativa TSJ 2000 — Declinación de competencia a la Sala Electoral

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre un conflicto de autoridades en el Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, relacionado con la ausencia absoluta del Alcalde. Se examina la vinculación del caso con la jurisdicción contencioso electoral, estableciendo que corresponde a esta última conocer de los conflictos que surgen del cuestionamiento de la legitimidad de las autoridades municipales. La Sala decide declinar la competencia a la Sala Electoral, donde se ordena remitir las actuaciones para su conocimiento y decisión.

La vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica la distribución del resto de las mismas, no atribuidas expresamente por ella; dicha ley orgánica deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, dentro del primer año contado a partir de su instalación, conforme a lo previsto en el numeral 5 de la Disposición Transitoria Cuarta. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado en todos sus Poderes, debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia. Así, aun cuando no exista hasta el presente la aludida ley orgánica reguladora de las funciones de este Tribunal Supremo de Justicia, las distintas Salas se encuentran con la necesidad y el deber de conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo principalmente al criterio de la afinidad que exista entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas. En ese orden de ideas, el propio Texto Fundamental, en su artículo 293 define el alcance de las funciones del Poder Electoral, discriminándolas así: 1º.- Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan. 2º.- Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y administrará autónomamente. 3º.- Emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político-electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. 4º.- Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. 5º.- La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos. 6º.- Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios. 7º.- Mantener, organizar, dirigir, y supervisar el registro civil y electoral. 8º.- Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y velar porque éstas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecidas en la Constitución y la Ley. En especial, decidirá sobre las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de organizaciones con fines políticos, la determinación de sus autoridades legítimas y sus denominaciones provisionales, colores y símbolos. 9º.- Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos.

Esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLINA la competencia para conocer y decidir la presente causa, en la Sala Electoral de este Supremo Tribunal, a donde se ordena remitir de inmediato las actuaciones a fin de que provea lo que estime conducente. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.