Sentencia N° 1789 Político-Administrativa TSJ 2000: Empresa VALDEZ & SILVA, S.R.L. vs Mercedes Torres de Pirela

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de resolución de contrato de arrendamiento. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada por la empresa demandante contra la demandada. La Sala consideró que la solicitud de regulación de jurisdicción interpuesta por la parte demandada era infundada y se impuso una multa por dicha acción.

Durante la vigencia de la diseminada legislación especial inquilinaria, contenida en el Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas y la Ley de Regulación de Alquileres y su Reglamento común; el conocimiento y decisión de las acciones inquilinarias, independientemente de su naturaleza, correspondía al Poder Judicial. Respecto a los contratos de arrendamiento sobre inmuebles destinados a vivienda y habitación, la Sala, en discutible fallo en fecha 7 de Agosto de 1997, determinó que solo resulta procedente la falta de jurisdicción del Juez Ordinario frente a la Administración Pública, en los casos en que el contrato de arrendamiento sea a tiempo indeterminado y versaran sobre inmuebles destinados a vivienda y habitación. Actualmente, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios del 7 de diciembre de 1999, la competencia atribuida a la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura y a las Direcciones de Inquilinato de las Alcaldías del interior de la República, deviene en limitada y circunscrita a: 1) la fijación de los cánones máximos a cobrar para aquellos inmuebles sujetos a regulación de alquileres; 2) a la revisión de los montos productos de los actos regulatorios previos y, 3) a la imposición de sanciones administrativas por infracciones a las normas de orden público que dicha Ley estatuye. De suerte tal que, en criterio de esta Sala, todas aquellas solicitudes de regulación de la jurisdicción que sean interpuestas por motivos distintos a los recién expuestos, deben considerarse como producto de una inadecuada táctica dilatoria, contraria los principios establecidos en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por la empresa VALDEZ & SILVA, S.R.L., en contra la ciudadana MERCEDES TORRES DE PIRELA. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a-quo en fecha 30 de Mayo de 2.000. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa.