Sentencia N° 1786 Político-Administrativa TSJ 2000: Asociacion Civil Productores Venezolanos… vs Instituto Autonomo Aeropuerto…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia planteada por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo en relación a un recurso contencioso-administrativo de anulación y solicitud de amparo constitucional. La Sala aceptó la declinatoria, afirmando su competencia para conocer de los contratos administrativos y la naturaleza del servicio público involucrado en el caso. Se admitió el recurso de nulidad interpuesto por la Asociación Civil Productores Venezolanos Exportadores contra el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, señalando que la acción de amparo cautelar también fue admitida. La Sala ordenó notificaciones pertinentes y estableció que la falta de respuesta del Instituto sería considerada como aceptación de los hechos incriminados. Finalmente, se resolvió que la Sala tiene competencia para conocer tanto del recurso de nulidad como de la acción de amparo, en virtud de la relación entre ambas acciones y la normativa aplicable.

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la declinatoria de competencia planteada por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo: El artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, es del siguiente tenor: Artículo 42: “Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: 14. Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades”. Vista la norma antes citada, esta Sala ratifica su competencia para conocer de todas aquellas cuestiones que se deriven de un contrato administrativo, en consecuencia, acepta la declinatoria de competencia propuesta. Sentado lo anterior, es necesario determinar, a los fines de establecer si el caso de autos se circunscribe a los parámetros establecidos por la norma citada, cuándo un contrato suscrito por la Administración Pública debe ser considerado como un contrato administrativo o, si por el contrario, debe considerarse como de derecho privado, debido a que la Administración, acude no sólo a la vía del contrato administrativo, sino también a la de contratación ordinaria o de derecho común, regido por reglas jurídico-privadas, por lo cual resulta indispensable establecer los rasgos diferenciadores entre ambas categorías, por las consecuencias prácticas y jurídicas que tal diferenciación involucra, entre las cuales ocupa lugar relevante la jurisdicción competente para conocer de los litigios que se produzcan a raíz de esos tipos de contratación. La jurisprudencia ha sostenido, a fin de hacer la distinción, los clásicos criterios de la finalidad de servicio público o de la cláusula exorbitante, de modo que, si se trata de una negociación en la cual se evidencia el interés o la noción del servicio público en su realización, la competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, concretamente, a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 42 ejusdem. Así, cuando la Administración Pública, obrando como tal, celebra con otra persona, pública o privada, física o jurídica, un contrato que tiene por objeto una prestación de utilidad pública, nos encontramos frente a un contrato administrativo, y tal interés general puede ser de la Nación o Estado, o de las Municipalidades. La noción de servicio público, en sentido amplio, ha sido criterio de esta Sala en términos tales que, al tener el contrato por objeto la prestación de un servicio de utilidad pública, es y debe así admitirse su naturaleza eminentemente administrativa y, de ese modo, el objeto vinculado al interés general se constituye como el elemento propio y necesario de la definición en cuestión. Sentado lo anterior y, dado que en el caso de autos está acreditada la existencia de un contrato de concesión, a través del cual -le otorgó a la empresa recurrente el derecho a poner en funcionamiento y explotar la actividad de uso de Galpón para actividades de carga y depósito en General y, constando en autos que el acto recurrido consiste en el ajuste de canon de arrendamiento de un Galpón dado en concesión por el INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (I.A.A.M.), estima esta Sala que se desprende de autos que el conflicto planteado versa acerca de un contrato de concesión celebrado entre el prenombrado instituto y una empresa particular, lo que obliga a analizar la naturaleza del mismo, a los fines de determinar si se trata de un contrato administrativo. Al efecto, se observa: Como índice revelador de la existencia de la noción de servicio público, presidida por la de interés general o colectivo, se encuentra en el presente contrato administrativo, reglas propias, distintas a la del derecho común, según las cuales se autoriza a la Administración contratante para rescindirlo unilateralmente, puesto que en el campo de acción de los contratos administrativos, y aunque no conste en las cláusulas de la convención, la rescisión de ellos, cuando así lo demanden los intereses generales y públicos, es una facultad que la Administración no puede enajenar ni renunciar, debido a que este poder de revocación unilateral, cualquiera que fuese la conducta del co-contratante, se establece a fin de permitir la ruptura de un vínculo que se haya convertido en contrario a los intereses tutelados por la Administración. Esta cláusula no es otra que el ejercicio de la potestad revocatoria de la Administración, ejercida en una relación bilateral, por cuanto se funda en el control de la oportunidad y la conveniencia de la gestión administrativa o de la realizada bajo su control. En el presente caso, de la lectura del contrato de concesión que corre inserto a los folios del 22 al 29, se evidencia la presencia de cláusulas exorbitantes (ver, entre otras, cláusula quinta), que colocan al Instituto en situación de supremacía frente a la empresa contratante y, en virtud de la cual, el Instituto puede –de no ser aceptadas las variaciones o ajustes de las condiciones económicas- “declarar la caducidad inmediata de la concesión”. Elementos estos que hacen desprender la existencia, en el presente caso, de un contrato administrativo. Así se decide.

1.- ACEPTA la declinatoria de competencia planteada por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de anulación ejercido conjuntamente con solicitud de amparo constitucional por los abogados LUIS FELIPE HERNANDEZ y FULGENCIO DIONISIO MARTIN, actuando como apoderados judiciales de la ASOCIACIÓN CIVIL PRODUCTORES VENEZOLANOS EXPORTADORES PROVENEXPORT, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (I.A.A.M.) 2.- ADMITE el recurso de nulidad incoado y, en consecuencia, de conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ORDENA notificar mediante oficios a los ciudadanos Fiscal General de la República y Procurador General de la República, con remisión de copia certificada del escrito de demanda y de la documentación anexa al mismo, debiéndose efectuar la notificación de este último a tenor de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como emplazar a los interesados, mediante cartel, en los términos expuestos en la precitada norma. A tales fines, envíese el expediente al Juzgado de Sustanciación. 3.- ADMITE la solicitud de amparo cautelar propuesta, por no encontrarse incursa en ninguna de las causales a que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en consecuencia ORDENA notificar mediante oficio al ciudadano Fiscal General de la República, a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la precitada ley. Asimismo, se ORDENA oficiar al Presidente del INSTITUTO AUTONOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETIA (I.A.A.M.), a fin de que en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas informe sobre las pretendidas violaciones constitucionales; con la advertencia de que la falta de presentación oportuna del mencionado informe, será considerada como aceptación de los hechos incriminados. Abrase cuaderno separado a los fines de la sustanciación del amparo cautelar. Publíquese, regístrese y notifíquese.